Un juzgado ordena a Mercadona permitir la entrada de representantes de MAYSA para informar a la plantilla

El magistrado aprecia de forma cautelar indicios de una posible vulneración de la libertad sindical, aunque todavía no ha resuelto el fondo de la demanda presentada por el sindicato

Santander, 23 de septiembre de 2026.– El titular de la Plaza número 1 de la Sección Social del Tribunal de Instancia de Santander ha acordado como medida cautelar que Mercadona permita el acceso de representantes sindicales de MAYSA a sus centros de trabajo para continuar desarrollando funciones informativas y de acción sindical entre la plantilla.

La resolución se adopta dentro del procedimiento iniciado por MAYSA contra la compañía por una supuesta vulneración de derechos fundamentales y libertad sindical.

El magistrado no entra todavía a resolver el fondo del conflicto, pero considera que concurren los requisitos necesarios para adoptar la medida cautelar mientras se tramita la demanda.

Según recoge el auto, existen “indicios de una conducta de la empresa que afecta al derecho de libertad sindical” del sindicato demandante en relación con su representación en el Comité de Empresa y su participación en los procesos electorales sindicales.

MAYSA, sindicato mayoritario en el Comité de Empresa según la información aportada al procedimiento, sostiene que sus representantes han sufrido actuaciones de hostigamiento, represalia y obstáculos para ejercer sus funciones.

Entre los elementos valorados de forma indiciaria por el magistrado figura el hecho de que los once representantes de MAYSA que formaban parte del Comité constituido en 2022 hayan sido despedidos, incluidos quienes fueron incorporándose posteriormente para sustituir a miembros anteriores.

El auto recoge también que otros tres representantes renunciaron voluntariamente a sus puestos y manifestaron haberlo hecho por presiones de la empresa.

El magistrado señala que estos hechos deberán ser analizados y acreditados definitivamente durante el juicio, pero entiende que justifican la adopción provisional de medidas para garantizar la actividad sindical.

La resolución menciona además la supuesta denegación de información a la secretaria general de MAYSA para la convocatoria de elecciones sindicales y determinadas circunstancias relacionadas con algunos de los despidos.

El juez aprecia igualmente riesgo de que, si no se adopta la medida de forma inmediata, el sindicato pueda quedar sin presencia efectiva en los centros de trabajo durante la tramitación del procedimiento y en situación de desventaja ante futuros procesos electorales.

En su demanda, MAYSA solicita que se reconozca su derecho a desarrollar sus funciones sindicales sin represalias, que cesen las conductas que considera antisindicales y una indemnización de 200.000 euros.

Todas estas pretensiones deberán resolverse posteriormente en sentencia.

El auto dictado por la Sección Social del Tribunal de Instancia de Santander no es firme y puede ser recurrido en reposición en un plazo de cinco días.