Urrutia pide a los grupos políticos que debatan y mejoren la ley de Simplificación Administrativa que «revolucionará» la gestión pública y la actividad económica

Santander- 10.02.2025

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha defendido hoy los beneficios del proyecto de ley de Simplificación Administrativa y ha pedido a los grupos políticos que «debatan, valoren y mejoren la ley» y no dejen a Cantabria «al margen» de esta «revolución» para la gestión pública, que servirá, además, para fortalecer el tejido productivo y atraer inversión empresarial.

«Esta ha de ser una ley de todos y para todos», ha manifestado hoy la consejera en el pleno del Parlamento, durante el debate sobre este proyecto de ley que ha superado la enmienda a la totalidad y que continuará su tramitación parlamentaria.

En palabras de la consejera, se trata de una norma que el Gobierno cántabro ha elaborado «en tiempo record» y que es «histórica» por su alcance y la revolución que supondrá para la actividad pública y privada de Cantabria.

«Es una norma que responde a un plan reformista y valiente, una ley tractora y de las más avanzadas del panorama comparado; es un enorme salto adelante al que invito a sus señorías a sumarse para combatir la hiperregulación y la atrofia administrativa», ha defendido la consejera de Presidencia.

Ha destacado que la ley nace de un «clamor» social en favor de la simplificación y ha sido «participativa», con un texto legal que se ha enriquecido con distintos planteamientos en el proceso de información pública, tiempo en el cual se presentaron más de 500 aportaciones, «en su mayoría» introducidas en la norma que el Gobierno llevó el finalmente al Parlamento. «Nadie puede entender hoy un rechazo frontal sin alternativa como el que se está planteando hoy», ha señalado la consejera Urrutia en referencia al rechazo mostrado por el Grupo Parlamentario Socialista a la ley.

Frente a ello, Isabel Urrutia ha desgranado en el Parlamento las medidas que introduce el proyecto de ley de Simplificación Administrativa en beneficio de ciudadanos y empresarios, que no van a encontrar ya «un obstáculo desesperante en la administración en tiempos y en trámites, y que a veces no son necesarios».

En concreto, entre otros aspectos, la nueva norma primará la declaración responsable en el régimen de licencias y autorizaciones, el silencio administrativo positivo y se reducen los trámites y plazos en todas las consejerías del Gobierno de Cantabria.

La norma suprime con carácter general la necesidad de obtención de licencia municipal de actividad, apertura o funcionamiento para la instalación de cualquier actividad económica y empresarial, y su sustitución por un régimen de comunicación.

En este punto, la consejera de Presidencia ha querido dejar claro que la ley mantiene los requisitos, solo elimina trámites «obsoletos» y agiliza los tiempos para que un determinado emprendedor, ciudadano o empresario, por ejemplo, cuente el mismo día con la licencia o autorización necesaria para su actividad, frente a los ochos meses que se tarda actualmente.

Con este mismo objetivo, se introduce el deber general de que todos los órganos de la Administración regional y su sector público promuevan la simplificación administrativa, el principio de mínima intervención administrativa y de gestión simultánea de todos los trámites, así como las tramitaciones conjuntas de los procedimientos y su gestión coordinada. En este ámbito, se conservarán los trámites administrativos autonómicos generados en los sucesivos procedimientos relativos a una misma iniciativa.

El proyecto de Ley regula además las entidades colaboradoras de certificación, acreditación y registro para agilizar los trámites que se deben presentar ante la administración pública.

La consejera ha indicado que el texto plasma medidas que facilitan el ‘mercado abierto’ con carácter general, en la que todo operador económico nacional podrá ejercer su actividad en Cantabria libremente, sin sujetarse a los requisitos de acceso previstos en la normativa autonómica. «Otra barrera derribada para hacer de Cantabria una tierra abierta, próxima y atractiva a la actividad económica y dispuesta al desarrollo y progreso de manera ágil y eficaz», ha apuntado Urrutia.

Incentivos a la inversión empresarial de promoción pública y privada

Además de la supresión general de licencia municipal de apertura para las nuevas actividades empresariales y económicas, la nueva ley crea un marco de tramitación preferente para fomentar la actividad productiva y el empleo mediante la declaración de inversiones empresariales de carácter estratégico, tanto respecto a proyectos de promoción pública como privada.

Con ello, se reducirán plazos y se accederá de forma preferente a incentivos a la inversión, líneas de financiación y avales, junto con la posibilidad de articular subvenciones en régimen de concesión directa y otras ventajas asociadas a efectos expropiatorios o la posibilidad de gestión simultánea con un proyecto singular de interés regional.

La norma introduce medidas concretas para potenciar la digitalización de la gestión pública, como es el caso de una plataforma de gobernanza de datos y regula un régimen sancionador para dotar de mayor seguridad jurídica a las declaraciones responsables y comunicaciones.

Por último, el proyecto de ley de Simplificación Administrativa introduce una profunda reforma de diversas normas de la Administración regional. En total, se introducen cerca de 200 propuestas de mejora de procedimientos relacionados con diferentes materias.

Entre ellas, destaca la posibilidad que introduce para favorecer a través de proyectos de interés regional (PSIR) la construcción de grandes equipamientos que lleven aparejados la construcción de más vivienda libre y protegida y hacer frente con ello a «uno de los mayores problemas que vive hoy la sociedad como es la adquisición de vivienda».

La futura norma será de aplicación a la Administración autonómica como a su sector público institucional y también en la administración local de Cantabria, al igual que las leyes de simplificación de otras autonomías como Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana.