Urrutia, sobre la Ley de Participación Ciudadana: «Cantabria da un paso más en la mejora de la calidad democrática y el buen gobierno»

Santander- 22.12.2025

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria, Isabel Urrutia, ha destacado que la comunidad autónoma ha dado «un paso más» en la mejora de la calidad democrática, el buen gobierno y en la eficiencia de la administración pública con la nueva Ley de Participación Ciudadana, que ha aprobado hoy el Parlamento.

Durante su intervención en la sesión plenaria, la consejera de Presidencia ha puesto de manifiesto que, junto a la Ley de Simplificación Administrativa, la nueva norma consolida el compromiso del Ejecutivo con la transparencia, la colaboración ciudadana y la modernización de la Administración como pilares del desarrollo económico y social de la región.

La nueva ley «ampara, regula y desarrolla los instrumentos necesarios para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a participar en los procesos de toma de decisiones públicas como herramienta fundamental para la mejora de la calidad democrática y la eficiencia de la administración pública», ha valorado la consejera

Y es que esta norma regula por primera vez el derecho de participación ciudadana de modo individual o colectivo en Cantabria y mejora la accesibilidad a la información pública con el objetivo de garantizar que las aportaciones de la ciudadanía sean tenidas en cuenta de manera real y efectiva en la elaboración de las políticas públicas.

De esta forma, se establecen cinco instrumentos de participación: los procesos de deliberación participativa, la iniciativa ciudadana para proponer políticas y servicios públicos, los presupuestos participativos, las consultas ciudadanas, junto al seguimiento y la evaluación de las políticas y servicios públicos.

Cantabria se sitúa así al nivel del resto de comunidades autónomas al dotarse de un marco normativo específico en materia de participación ciudadana y gobierno abierto, que complementa la Ley de Transparencia autonómica de 2017.

Nuevo modelo de gobierno

Durante su intervención parlamentaria, Urrutia ha destacado que la norma es fruto del compromiso del actual Ejecutivo de dar continuidad al anteproyecto de ley impulsado en la anterior legislatura y de aprovechar el trabajo ya realizado, introduciendo mejoras sustanciales para adaptar el texto a la realidad social actual y a los principios del gobierno abierto.

En este sentido, ha señalado que las modificaciones incorporadas por el actual Gobierno buscan «fomentar una participación más efectiva, inclusiva y transparente de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones públicas».

También ha enmarcado esta ley dentro del proyecto global de legislatura impulsado por el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga, basado en tres pilares fundamentales: el crecimiento económico, la modernización de la Administración y el buen gobierno. «Tenemos que convertir a la administración pública de Cantabria en una administración ágil, segura, eficaz, eficiente y, sobre todo, en una herramienta de colaboración con empresarios y autónomos», ha afirmado.

Se trata de «una nueva herramienta que, sumada a la Ley de simplificación administrativa, es ejemplo del compromiso de este gobierno con la transparencia, con la colaboración ciudadana, con la modernización de la Administración y, en definitiva, con el desarrollo económico y social de esta región», ha remarcado.

La consejera ha insistido en que la participación ciudadana es clave para reforzar la confianza de la sociedad en las instituciones y para garantizar una democracia más sólida y cercana. «La participación activa asegura que la democracia no se limite al acto de votar cada cuatro años, sino que sea un proceso constante de vigilancia y construcción de la Administración», ha concluido.

Portal y Programa de Participación Ciudadana

El ámbito de aplicación de la nueva ley se circunscribe al diseño, planificación, propuesta, ejecución y evaluación de las políticas y servicios públicos del Gobierno cántabro y su sector público institucional. Este derecho podrán ejercerlo tanto las personas físicas como las entidades (asociaciones, federaciones, entidades sin ánimo de lucro, plataformas o foros ciudadanos sin personalidad jurídica, sindicatos, organizaciones empresariales, colegios profesionales, etc.).

Además de la promoción e impulso de la participación ciudadana en los asuntos públicos que son competencia del Ejecutivo regional, la norma tiene como finalidad implantar el gobierno abierto en los planes de acción de la Administración para optimizar la toma de decisiones, mejorar la comunicación con los ciudadanos, facilitar la presentación de propuestas de políticas públicas y establecer instrumentos de rendición de cuentas en la prestación de los servicios públicos.

Igualmente, pretende extender una cultura participativa con estrategias de formación y sensibilización desde la infancia, fortalecer la vertebración de la sociedad civil y la colaboración entre administraciones locales en este ámbito.

Los principios rectores de la participación ciudadana se basan en la universalidad y diversidad, transversalidad, accesibilidad universal, no discriminación por cuestiones de género, trasparencia, facilitad y comprensión, gratuidad y buena fe.

Establece una serie de obligaciones a la Administración autonómica como integrar la participación ciudadana en su actuación, realizar acciones de comunicación y difusión, medidas de fomento del asociacionismo y la promoción del derecho de participación a través de las tecnologías de la información, entre otras.

El Portal de Participación Ciudadana será el espacio institucional destinado a facilitar la participación en las políticas públicas y el Gobierno redactará un documento estratégico que contendrá los asuntos públicos que serán objeto de los procesos de participación previstos en la ley. El denominado Programa de Participación Ciudadana tendrá carácter bienal y se aprobará por el Consejo de Gobierno.

Como límites a este derecho, los procesos de participación no podrán promocionar intereses individuales y otras materias que no sean competencia del Gobierno y no se realizarán en tiempos o circunstancias que pudieran interferir en la actividad del Parlamento de Cantabria, así como durante los periodos electorales, la tramitación de mociones de censura o cuestiones de confianza.

Además, se recoge la organización en esta materia en el ámbito de la Administración autonómica con un órgano directivo y unidades responsables en cada una de las consejerías.

Para fomentar la participación, se detallan una serie de medidas como programas de formación para los ciudadanos y la edición de guías didácticas para divulgar el alcance de esta norma, la difusión de los procesos participativos a través del Portal y campañas de sensibilización, formación de los empleados públicos y la promoción de la participación ciudadana desde el ámbito educativo.