Buruaga, sobre las víctimas del terrorismo: «No podemos olvidar a estos héroes. Son lo mejor de nuestra historia y nuestra sociedad»

Santander- 27.06.2025

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha defendido hoy que el recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo es un «imperativo moral» y un «un acto de justicia, una enseñanza de valores y una forma de expresar el rechazo al terrorismo y sus terribles secuelas». «No podemos olvidar a estos héroes. Son lo mejor de nuestra historia y de nuestra sociedad», ha afirmado.

En el acto de entrega de las Medallas a las víctimas del terrorismo de Cantabria, ha garantizado el compromiso institucional del Gobierno y ha anunciado cambios en la ley autonómica «para incluir supuestos de restitución y reparación no contemplados inicialmente y que podrían provocar situaciones injustas» y, de cara al próximo curso, un programa de testimonios de víctimas en las aulas «para transmitir a los más jóvenes la realidad del terrorismo».

Además, ha rechazado el «entorno de encubridores» que «ahora tienen mano en el Gobierno de España y se afanan por rescribir la historia y blanquear estos horribles atentados».

Con este acto, en el que se ha «honrado y perpetuado» la memoria de cuatro cántabros asesinados por ETA en los años 90 y a las Fuerzas Armadas, se cierra la semana de homenaje a las víctimas, con la que el Ejecutivo ha querido «dignificar su legado», «estar cerca» de sus familiares y amigos, y evidenciar el «apoyo incondicional» y el compromiso institucional del Gobierno con sus «valores y su recuerdo».

«Los principios, la resistencia y el coraje que mostraron las víctimas en aquellos años tan difíciles y que continúan mostrando cada día son, sin duda alguna, un patrimonio y un ejemplo de civismo que no puede quedar sin respuesta», ha afirmado la presidenta, que ha considerado que la sociedad española está «en deuda» con los más de 850 hombres, mujeres y niños que murieron y «muchas personas más que resultaron heridas y fueron amenazadas, humilladas y obligadas a abandonar su casa como instrumento de chantaje político».

«No podemos olvidar ni permitir que su sacrificio sea en vano ni que se oculte y se distorsione la verdad», ha añadido.

La presidenta también ha reconocido la labor de la Asociación Cántabra de Víctimas del Terrorismo para «dignificar la memoria de las víctimas y su reconocimiento social» y por su colaboración con el Gobierno. «Cantabria está a vuestro lado», ha afirmado.

Perdieron su vida en nuestro nombre

Buruaga ha recordado que mañana se cumplen 36 años del asesinato de Raimundo Pérez Crespo, un joven cántabro de 27 años, que se encontraba en Sevilla visitando a su hermano cuando un paquete bomba le mató junto a otras 3 personas y una treintena, entre ellas dos niños, resultaron heridos.

Junto a Pérez Crespo, ha recibido también la medalla a título póstumo, Pedro Robles López, santanderino funcionario civil del Ministerio de Defensa, casado y padre de tres hijos, que murió asesinado el 21 de junio de 1993 mientras conducía en Madrid el furgón militar que pasaba junto al coche bomba que ETA hizo estallar cargado con 40 kilos de explosivo. Además de Robles, murieron los seis oficiales que viajaban con él.

También se ha reconocido con la medalla a las víctimas del terrorismo a Luis Andrés Samperio Sañudo, un corraliego que hace 28 años fue asesinado de un disparo en  la nuca cuando iba a casa a comer. Tenía entonces 37 años, estaba casado, era padre de dos hijos y trabajaba en el Grupo de Estupefaciente de la Brigada de la Policía Judicial de Bilbao y llevaba 14 años destinado en el País Vasco.

Buruaga ha señalado que el terrorista que lo asesinó cumple condena en la prisión de Basauri, «sin pedir perdón ni arrepentirse» y es uno de los integrantes del grupo de presos partidarios de continuar «con la violencia de las armas».

También en el País Vasco, en Rentería, fue asesinado cuando tenía 64 años José Luis Caso Cortines, natural de Comillas, conejal del Partido Popular en ese ayuntamiento y que murió cundo un encapuchado le disparó en la cabeza en un bar de Irun.

Le sustituyo, según ha recordado la presidenta, «un héroe –entonces anónimo- y amigo», Manuel Zamarreño Villoria, asesinado meses después con una bomba accionada a distancia.

«Perdieron su vida en nuestro nombre, en el de una sociedad defensora de la democracia, de la tolerancia, a libertad y la convivencia pacífica», ha destacado la presidenta, que también ha recordado a las Fuerzas Armadas, reconocidas en este acto, por su «su papel fundamental frente a la amenaza terrorista» y «por su apoyo constante a los damnificados»:

«Son hombres y mujeres que nos protegen del terrorismo en sus focos de origen, en apoyo logístico, técnico y de inteligencia, en operaciones especiales de infiltración, reconocimiento y vigilancia, y mediante acciones para debilitar la capacidad operativa de los terroristas, dentro y fuera de nuestras fronteras», ha destacado la presidenta.

El firme compromiso del Gobierno

Buruaga ha recordado que este Ejecutivo ha sido el primero en elevar «a nivel de Gobierno la atención a las víctimas del terrorismo de Cantabria», con la creación de la Dirección General de Justicia y Víctimas del Terrorismo en la Consejería que dirige Isabel Urrutia y la ley de Reconocimiento, Homenaje, Memoria y Dignidad las Víctimas del Terrorismo.

Además, se ha referido a las «decisiones y recursos» que desde entonces se han adoptado para «honrarlas y acompañarlas» y ha recordado que el Consejo de Gobierno ha aprobado indemnizaciones a 35 víctimas del terrorismo y familiares por fallecimiento y daños físicos o psíquicos.

Ha anunciado cambios en la norma autonómica «para incluir supuestos de restitución y reparación no contemplados inicialmente y que podrían provocar situaciones injustas» y, de cara al próximo curso, ha avanzado un programa de testimonios de víctimas en las aulas «para transmitir a los más jóvenes la realidad del terrorismo».

También ha anunciado la puesta en marcha de un programa de atención psicológica a las víctimas y sus familiares para quienes precisen terapia debido a las secuelas del terrorismo y de un grupo de trabajo para «impulsar, planificar y coordinar» desde el Ejecutivo las actuaciones que se vayan a realizar en esta materia en el futuro.