La Justicia vuelve a dar la razón a CSIF y condena al Ayuntamiento de Santander por negar el pago de un curso a un policía local

El Juzgado obliga al Consistorio a abonar 1.550 euros por una formación autorizada para la Unidad Canina y suma la cuarta sentencia favorable al sindicato en apenas dos semanas

9 de julio de 2026

Los servicios jurídicos de CSIF Cantabria han logrado una nueva sentencia favorable frente al Ayuntamiento de Santander, que deberá abonar 1.550 euros a un agente de la Policía Local por el coste de un curso de adiestrador canino profesional que, según el fallo judicial, era necesario para el desempeño de sus funciones y había sido previamente autorizado por la propia Administración.

La resolución, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander, estima íntegramente la demanda presentada por el sindicato y supone la cuarta condena judicial al Ayuntamiento en apenas dos semanas, según destaca CSIF.

El procedimiento tiene su origen en la reclamación de un policía adscrito a la Unidad Canina, quien adelantó de su propio bolsillo el importe del curso tras contar, según la sentencia, con la autorización del entonces jefe de la Policía Local y el compromiso de que el Ayuntamiento asumiría posteriormente el coste de la formación.

Sin embargo, el Consistorio mantuvo durante años una situación de inactividad administrativa que obligó al funcionario a acudir a los tribunales para reclamar el reintegro de los gastos.

La sentencia considera acreditado que el curso respondía a una necesidad del servicio y rechaza los argumentos del Ayuntamiento para denegar el pago.

El juez afirma que «no existe fundamento alguno para rechazar el pago», concluyendo que la desestimación por silencio administrativo carecía de respaldo jurídico.

Como consecuencia, el fallo anula la actuación municipal, reconoce el derecho del agente a percibir los 1.550 euros correspondientes al curso y condena además al Ayuntamiento al pago de las costas procesales.

Desde CSIF Cantabria consideran que esta resolución vuelve a evidenciar una gestión administrativa que obliga innecesariamente a los empleados públicos a recurrir a la vía judicial para hacer valer derechos que, a juicio del sindicato, deberían haberse reconocido desde un primer momento.

La organización sindical subraya que en este caso estaba acreditada tanto la autorización de la formación como su relación directa con el servicio y el desembolso realizado por el funcionario, circunstancias que, según sostiene, hacían injustificada la negativa municipal.

Con esta resolución, CSIF asegura haber obtenido cuatro sentencias favorables frente al Ayuntamiento de Santander en apenas dos semanas, un resultado que, según el sindicato, respalda la solidez de las reclamaciones planteadas por su equipo jurídico.

Asimismo, la organización muestra su preocupación porque, a su juicio, sea la vía judicial la que tenga que corregir de forma reiterada decisiones administrativas que afectan a los derechos de los trabajadores municipales, con el consiguiente coste económico para las arcas públicas derivado de las condenas, el pago de intereses cuando proceda y las costas procesales.