La batalla por la ZBE de Torrelavega llega al Supremo: Salvar Torrelavega recurre el aval judicial del TSJC

Dvuelta, el despacho que logró tumbar las ordenanzas de movilidad de Madrid y Gijón, dirigirá el recurso de casación contra la sentencia del 4 de febrero

.2.03.2026.- La Plataforma Salvar Torrelavega ha anunciado la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia dictada el pasado 4 de febrero de 2026 por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que desestimó la demanda de nulidad de la Ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del municipio.

La dirección letrada del procedimiento continuará en manos del despacho especializado Dvuelta, que ya representó a la plataforma durante la fase anterior ante el TSJC y que ahora asumirá la estrategia jurídica en esta nueva instancia. La firma cuenta con experiencia previa en la impugnación de ordenanzas municipales de movilidad, tras haber obtenido la anulación judicial de las normativas aprobadas en Madrid y Gijón.

Tras analizar el contenido de la sentencia del alto tribunal cántabro, la plataforma sostiene que existen diversos vicios procedimentales y sustantivos que afectarían a la validez de la ordenanza desde su origen. El recurso que será elevado al Supremo se articulará en torno a tres líneas argumentales que, según Dvuelta, presentan interés casacional objetivo.

En primer lugar, se cuestiona la tramitación de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN), que el Ayuntamiento habría gestionado por vía abreviada sin justificar adecuadamente las circunstancias que habilitaban dicho procedimiento. Aunque el propio TSJC reconoce en su fallo la insuficiencia de esta memoria, opta por no atribuirle efectos invalidantes.

El segundo de los argumentos se centra en la ausencia de una memoria económica específica vinculada a la ordenanza. En su lugar, el tribunal aceptó como sustitutivo el denominado Informe DOYMO, un documento técnico previo que, según los recurrentes, no habría sido elaborado con la finalidad de evaluar el impacto económico de la ZBE.

Por último, el recurso plantea la falta de motivación en la imposición de restricciones a la circulación más severas que las recomendadas por los propios informes técnicos municipales, sin que conste una justificación reforzada que explique dicha divergencia.

Salvar Torrelavega sostiene que estas circunstancias podrían vulnerar principios como la proporcionalidad o la interdicción de la arbitrariedad en el ejercicio de la potestad reglamentaria municipal, recogida en el artículo 9.3 de la Constitución.

Con esta iniciativa, la plataforma persigue que el Tribunal Supremo examine la validez jurídica de la ordenanza y determine si el procedimiento seguido por el Ayuntamiento de Torrelavega se ajustó a las garantías exigidas por el ordenamiento administrativo vigente.