Agresión al alumno con parálisis: dos menores irán a juicio

Otros dos acusados han reconocido los hechos y aceptado medidas judiciales por la agresión grabada en vídeo en el instituto Torres Quevedo de Santander.
17 de noviembre de 2026
El caso de la agresión a un alumno con parálisis cerebral en el instituto Torres Quevedo de Santander afronta una nueva fase judicial. Dos de los cuatro menores acusados han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular, mientras que los otros dos, que mantienen su inocencia, deberán comparecer ante el juzgado el próximo 21 de enero de 2027.
Los hechos ocurrieron el 11 de marzo de 2025, cuando varios alumnos agredieron a un compañero con parálisis cerebral durante una actividad académica en un aula del centro educativo. La agresión fue grabada en vídeo mientras se producían los golpes.
La víctima, que presenta una discapacidad reconocida del 75% y un grado de gran dependencia, utiliza una silla de ruedas eléctrica para desplazarse y un dispositivo electrónico para comunicarse.
Según la sentencia de conformidad dictada el pasado 4 de noviembre por la Sección de Menores del Tribunal de Instancia de Santander, dos de los acusados han reconocido su participación en los hechos.
Uno de ellos deberá cumplir ocho meses de tareas socioeducativas, mientras que el otro ha recibido una amonestación judicial. Ambos tienen prohibido acercarse a menos de 300 metros de la víctima y comunicarse con ella.
Además, los dos menores han alcanzado un acuerdo extrajudicial para indemnizar al alumno agredido con 2.000 euros.
La resolución considera que los hechos constituyen un delito contra la integridad moral en concurso real con un delito leve de maltrato.
Los otros dos menores acusados no han aceptado ningún acuerdo al sostener que no cometieron delito alguno. Por este motivo, serán juzgados el próximo 21 de enero de 2027.
La Fiscalía solicita para uno de ellos 70 horas de prestaciones en beneficio de la comunidad de carácter humanitario. Para el otro reclama 12 meses de tareas socioeducativas destinadas a mejorar sus habilidades sociales y su capacidad de empatía, además de la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima durante dos años.
El Ministerio Fiscal también reclama una indemnización total de 2.500 euros por los perjuicios ocasionados, mientras que la acusación particular eleva su petición a más de 28.000 euros.
La sentencia relativa a los dos menores que han aceptado el acuerdo recoge que la agresión provocó en la víctima una situación de estrés y afectación emocional, con consecuencias psicológicas y sociales agravadas por su especial vulnerabilidad.
Las medidas socioeducativas impuestas buscan favorecer la comprensión de la gravedad de los hechos y evitar la repetición de conductas violentas.
El procedimiento judicial continuará ahora contra los otros dos acusados, cuya responsabilidad deberá determinarse en el juicio previsto para enero.
El caso vuelve a situar en primer plano la necesidad de proteger a los alumnos especialmente vulnerables frente a cualquier forma de violencia en los centros educativos.
Disenium