Cantabria afronta una semana de juicios por graves delitos

Domingo, 8 de noviembre de 2026

Los tribunales de Cantabria afrontarán una intensa semana judicial, entre el 9 y el 12 de noviembre, con varios procedimientos relacionados con delitos de incendio, detención ilegal, agresiones sexuales, apropiación indebida y lesiones. Entre los casos más destacados figuran el juicio contra dos acusados de provocar un incendio que afectó a cerca de setenta vehículos en Santander y el proceso contra un hombre acusado de retener durante más de dos horas a una estudiante Erasmus.

Según la agenda de señalamientos difundida por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), las vistas se desarrollarán en diferentes órganos judiciales de Santander, con solicitudes de penas que alcanzan los ocho años de prisión y reclamaciones económicas que, en uno de los procedimientos, se aproximan a los 900.000 euros.

El lunes 9 de noviembre comenzará en la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Santander el juicio contra dos hombres acusados de provocar intencionadamente un incendio en un garaje comunitario de la capital cántabra.

La Fiscalía sostiene que ambos actuaron de común acuerdo y que, mientras uno inició el fuego, el otro realizó labores de vigilancia para impedir que terceras personas frustraran sus intenciones.

Las llamas ocasionaron importantes daños en la estructura del edificio, las instalaciones de electricidad y agua, diferentes elementos de las viviendas y cerca de setenta vehículos estacionados.

El Ministerio Fiscal solicita cuatro años de prisión y una multa de 4.500 euros, además de indemnizaciones conjuntas de 700.200 euros para la comunidad de propietarios y 198.600 euros para los vecinos afectados. El juicio se prolongará durante varias jornadas, hasta el viernes 13 de noviembre.

El martes 10 de noviembre concentrará otros tres procedimientos relevantes. El primero será una audiencia preliminar contra un hombre acusado de apropiarse de tres camiones que pertenecían al Banco Santander y venderlos posteriormente a través de una sociedad de compraventa de vehículos.

Según la acusación, los vehículos estaban sujetos a contratos de arrendamiento y debían ser devueltos a su propietario. Sin embargo, fueron vendidos a una tercera empresa, dados de baja y exportados fuera de España.

Por estos hechos, la Fiscalía solicita tres años de prisión, una multa de 4.050 euros y una indemnización de 126.000 euros a la entidad bancaria.

Ese mismo día, la Audiencia Provincial celebrará un juicio contra un joven de 21 años acusado de un delito de agresión sexual a una menor de 14 años con la que había contactado a través de internet.

El Ministerio Fiscal sostiene que ambos mantenían comunicación mediante redes sociales y teléfono y que posteriormente quedaron en una caseta de avistamiento de aves, donde se produjeron los hechos.

Aunque el escrito de acusación señala que existió consentimiento por parte de la menor, la Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de agresión sexual a menor de 16 años.

La acusación pública solicita dos años de prisión, cinco años de libertad vigilada, medidas de alejamiento y prohibición de comunicación, además de una indemnización de 2.000 euros. La defensa reclama la absolución al alegar que el acusado desconocía la edad de la joven y que existía proximidad de edad y desarrollo entre ambos.

También el martes se celebrará uno de los juicios más destacados de la semana, contra un hombre acusado de introducir por la fuerza en su domicilio de Santander a una estudiante Erasmus, esposarla y mantenerla retenida durante más de dos horas.

Los hechos, según la Fiscalía, ocurrieron en mayo de 2026, cuando el acusado abordó a su vecina y la invitó a entrar en su vivienda. Ante la negativa de la joven, presuntamente la agarró del cuello y la introdujo violentamente en el inmueble.

El escrito de acusación relata que el hombre la inmovilizó, amenazó y trasladó entre distintas habitaciones, donde tenía objetos de carácter sexual y un dispositivo táser. Posteriormente, le colocó unas esposas que sustituyó por bridas.

La joven consiguió escapar cuando ambos abandonaban el edificio y solicitó ayuda a una mujer que alertó a la Policía Nacional.

Por estos hechos, la Fiscalía solicita ocho años de prisión y una indemnización de 3.200 euros, mientras que la acusación particular eleva la compensación económica solicitada a 5.000 euros.

La actividad judicial continuará el miércoles 11 de noviembre con un procedimiento por presunta agresión sexual contra un hombre acusado de mantener relaciones sexuales sin consentimiento con una mujer con la que había consumido ketamina.

Según el Ministerio Fiscal, la víctima había manifestado previamente que no deseaba mantener relaciones sexuales. Sin embargo, el acusado presuntamente aprovechó el estado de somnolencia y la anulación de sus facultades tras el consumo de la sustancia para agredirla sexualmente.

La Fiscalía solicita seis años de prisión, diez años de alejamiento y prohibición de comunicación, cinco años de libertad vigilada y una indemnización de 10.000 euros. La acusación particular eleva la petición a ocho años de cárcel y 12.000 euros de compensación.

La semana concluirá el jueves 12 de noviembre con un juicio contra tres personas, dos hombres y una mujer, acusadas de participar en una pelea en el exterior de un bar de Muriedas.

De acuerdo con el relato de la Fiscalía, los implicados protagonizaron una discusión que terminó en agresiones mutuas, durante las cuales se utilizaron botellas de cristal. Como consecuencia, uno de los participantes sufrió un traumatismo craneoencefálico y la pérdida de varias piezas dentales, mientras que los otros dos resultaron también lesionados.

Para el hombre y la mujer que actuaron conjuntamente, el Ministerio Fiscal solicita tres años y medio de prisión para cada uno y una indemnización conjunta de 13.150 euros. Para el tercer implicado reclama seis meses de prisión, una multa de 1.440 euros y distintas indemnizaciones por las lesiones ocasionadas.

El TSJC recuerda que algunas de las actuaciones previstas son audiencias preliminares destinadas a estudiar posibles acuerdos de conformidad y cuestiones procesales antes de la celebración de los juicios.

En todos los procedimientos, los acusados mantienen su presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial que determine su responsabilidad penal.