Cuatro años de cárcel por falsificar documentos para obtener hipotecas

Santander, 19 de octubre de 2026.– La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a cuatro años de prisión y una multa de 1.440 euros a una mujer que falsificaba documentación para conseguir préstamos hipotecarios con los que adquirir viviendas por importes superiores a su precio real y dejar después de pagar las cuotas.

La principal acusada ha reconocido los hechos, al igual que otras ocho personas que fueron captadas por ella para figurar como compradoras de los inmuebles y solicitar los préstamos.

En total, la operativa investigada comprende doce compraventas de viviendas con garantía hipotecaria, por las que se obtuvieron 1,3 millones de euros, y siete créditos personales que sumaron otros 194.000 euros.

Según el relato de hechos aceptado por las partes, la mujer localizaba los pisos, se presentaba ante los vendedores como intermediaria inmobiliaria, dirigía a los compradores durante las operaciones, elaboraba la documentación falsa que se entregaba a las entidades financieras y administraba posteriormente los beneficios.

Para conseguir los créditos se presentaban documentos con apariencia auténtica que imitaban nóminas, contratos de trabajo o informes de vida laboral, entre otros. Con ellos se proyectaba ante los bancos una situación de solvencia que no se correspondía con la realidad y que permitía obtener una financiación que, con los datos reales, no habría sido concedida.

Las escrituras de compraventa reflejaban además precios superiores a los que realmente recibían los propietarios. De esta manera, la financiación obtenida superaba el importe efectivamente pagado por las viviendas y los acusados se quedaban con la diferencia.

Los vendedores aceptaron que figurase un precio superior por su necesidad de vender los inmuebles, pero, según los hechos admitidos en el procedimiento, desconocían las maniobras fraudulentas desarrolladas para conseguir la financiación.

Tras las compras, las viviendas eran destinadas al alquiler y, transcurridos unos meses, se dejaban de pagar las cuotas de los préstamos. Las entidades financieras quedaban entonces abocadas a ejecutar unas hipotecas respaldadas por inmuebles que habían sido sobrevalorados.

La principal acusada mantenía el control efectivo sobre las viviendas y distribuía los beneficios obtenidos.

Las otras ocho personas condenadas se encontraban, según el relato judicial, en situaciones de dificultad económica y aceptaron aparecer como compradores y solicitar los créditos sabiendo que obtendrían un beneficio ilícito.

Las penas para estos acusados oscilan entre dos años y diez meses de prisión, además de multas de entre 960 y 600 euros.

Todos han sido condenados como autores de delitos continuados de falsedad en documento oficial y mercantil en concurso con un delito de estafa agravada. La sentencia aprecia las atenuantes de dilaciones indebidas y confesión tardía y, en algunos casos, también la reparación del daño por los acuerdos de dación en pago alcanzados con las entidades financieras.

El hijo de la principal acusada, que estaba acusado de receptación por recibir parte del dinero en sus cuentas bancarias, ha sido absuelto penalmente al considerar que desconocía el origen fraudulento de esos fondos.

No obstante, deberá responder como partícipe a título lucrativo, al haberse producido un enriquecimiento patrimonial injustificado. Junto con algunos de los condenados, tendrá que responder directa y solidariamente frente a Bankinter, Caja Rural y Sabadell por un total de 56.638 euros.

Por su parte, Banco Santander, que ejercía la acusación particular y ha suscrito la conformidad, ha reservado expresamente las acciones civiles para reclamarlas en un procedimiento separado.