Una trabajadora con COVID persistente logra la incapacidad absoluta

 Una trabajadora con COVID persistente logra la incapacidad absoluta
La Justicia de Cantabria reconoce el derecho de una empleada de una gasolinera a cobrar una pensión equivalente al 100% de su base reguladora de 1.955 euros mensuales, después de que la Seguridad Social rechazara su solicitud.

Miércoles, 18 de noviembre de 2026.

El Tribunal de Instancia de Santander ha reconocido la incapacidad permanente absoluta a una trabajadora que padece síndrome post-COVID, después de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le denegara inicialmente esta prestación.

La sentencia, dictada por el magistrado de la Plaza Social número 4, condena al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a la Tesorería General de la Seguridad Social a abonar a la afectada una pensión mensual equivalente al 100% de su base reguladora, fijada en 1.955 euros.

La resolución todavía no es firme, ya que puede recurrirse ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

La mujer trabajaba como expendedora de gasolina en una estación de servicio cuando contrajo la COVID-19 en 2021. A partir de aquella infección comenzó a desarrollar un conjunto de problemas de salud que, según los informes médicos aportados al procedimiento, han limitado gravemente su capacidad para trabajar.

Entre las patologías diagnosticadas figuran síndrome post-COVID, fatiga crónica, fibromialgia, disautonomía, sensibilidad química múltiple y deterioro cognitivo, entre otras alteraciones.

Según recoge la sentencia, el cuadro clínico apareció de forma abrupta después de la infección y ha provocado importantes limitaciones físicas y cognitivas.

El juez considera que no puede mantener una actividad laboral regular

El magistrado señala que el reconocimiento de la incapacidad permanente absoluta no se fundamenta únicamente en la existencia de varios diagnósticos, sino en las consecuencias que estas dolencias tienen sobre la capacidad funcional de la trabajadora.

En concreto, considera acreditado que la combinación de sus limitaciones físicas y cognitivas le impide desarrollar una actividad profesional con las condiciones mínimas de continuidad, rendimiento y eficacia.

La sentencia explica que la valoración conjunta de las enfermedades permite concluir que la afectada no puede mantener un desempeño laboral regular.

«No se sustenta en la mera acumulación de diagnósticos, sino en la concurrencia de limitaciones físicas y cognitivas que apreciadas en su conjunto impiden mantener una actividad profesional con las exigencias mínimas de continuidad, rendimiento y eficacia», señala el magistrado.

Por este motivo, el tribunal estima la pretensión principal de la demandante y le reconoce el grado de incapacidad permanente absoluta para todo trabajo, frente a la decisión inicial de la Seguridad Social.

Este grado de incapacidad supone el reconocimiento de limitaciones que impiden desarrollar una actividad laboral con la regularidad y eficacia exigibles, conforme a la valoración judicial de las circunstancias concretas de la afectada.

La resolución constituye un nuevo pronunciamiento judicial sobre las consecuencias laborales que pueden derivarse del síndrome post-COVID cuando sus secuelas provocan limitaciones funcionales graves.

La sentencia puede ser recurrida, por lo que el reconocimiento de la prestación todavía no es definitivo.

El Cantabro

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