La IA entra en los tribunales: juristas alertan de opacidad, sesgos y riesgos para los derechos fundamentales

Expertos de la Universidad de Cantabria analizan el impacto real de los algoritmos en la justicia, la administración y el consumo

Santander, 24 de abril de 2026.– La Universidad de Cantabria ha acogido un encuentro jurídico centrado en los desafíos que plantea la inteligencia artificial en el ámbito del Derecho, con especial atención a los riesgos derivados de la opacidad algorítmica, los sesgos y la posible vulneración de derechos fundamentales.

La jornada, celebrada en la Facultad de Derecho bajo el título “Retos jurídicos en la era de la inteligencia artificial”, reunió a seis profesores del centro y a cerca de un centenar de asistentes, en formato presencial y online, en colaboración con el Club Iberoamericano de Investigación Jurídica.

Uno de los debates centrales giró en torno al uso de sistemas automatizados en la Administración Pública. La profesora Federica Costagliola subrayó la necesidad de garantizar el acceso al código fuente cuando un algoritmo condiciona decisiones administrativas.

En este sentido, recordó la doctrina fijada por el Tribunal Supremo de España en su sentencia 1119/2025, que reconoce este derecho en casos como la gestión del bono social eléctrico. “El código fuente constituye la motivación del acto administrativo”, advirtió, señalando que su opacidad puede limitar el derecho de defensa.

Por su parte, David A. Cuesta alertó sobre la creciente incorporación de sistemas de inteligencia artificial por parte de las administraciones, muchas veces adquiridos a proveedores privados sin garantías suficientes sobre su funcionamiento.

Según indicó, la normativa actual no está adaptada al nivel de sofisticación tecnológica, lo que genera incertidumbre en la protección de los intereses públicos y dificulta detectar posibles sesgos.

En el ámbito judicial, Cristina San Miguel abordó el uso de herramientas de inteligencia artificial como apoyo en la redacción de resoluciones, siempre bajo supervisión humana.

Siguiendo las directrices del Consejo General del Poder Judicial, insistió en que estas tecnologías no pueden sustituir la función del juez, manteniéndose la responsabilidad última en la persona titular del órgano judicial.

El catedrático José Ignacio Solar analizó el impacto de la inteligencia artificial generativa en los despachos, donde ya se están desarrollando modelos propios para automatizar tareas jurídicas.

Este cambio, explicó, está modificando tanto la organización del trabajo como los perfiles profesionales, incrementando la necesidad de formación específica y de un uso ético de estas herramientas.

Nicolás Bárcena centró su intervención en los riesgos para los consumidores, especialmente en el uso de sistemas capaces de personalizar precios y ofertas.

Estas tecnologías, advirtió, permiten conocer en profundidad las vulnerabilidades del usuario, lo que puede agravar la asimetría informativa y exigir nuevas respuestas regulatorias.

El análisis se completó con la intervención de Jesús Daniel Ayllón sobre los deepfakes y su impacto en derechos como el honor, la intimidad y la propia imagen.

Ayllón alertó del aumento de estos contenidos en redes sociales y recordó que ya existen herramientas jurídicas a nivel europeo y nacional, como el Reglamento de Inteligencia Artificial, para abordar estas prácticas.

El encuentro puso de manifiesto que la inteligencia artificial ya no es una cuestión futura, sino una realidad presente en el sistema jurídico, que exige adaptación normativa, formación especializada y mecanismos de control que garanticen la protección de los derechos fundamentales.