130 años de la Cámara de Comercio, al servicio de Cantabria

Modesto Piñeiro García-Lago. Presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria y vicepresidente de la Cámara de España

Según consta en el primer libro de actas, el 23 de septiembre de 1886 se reunieron en el salón de actos del excelentísimo Ayuntamiento de Santander, citados por una comisión nombrada para la constitución de la Cámara de Comercio de Santander, un gran número de comerciantes e industriales, con el fin de aprobar su proyecto de reglamento de régimen interior y elegir a su junta directiva. El Real Decreto de 9 de abril de 1886 había creado las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, en sustitución de las antiguas corporaciones que registra la historia mercantil española, tales como las juntas de agricultura, industria y tierra; consulados del mar y tierra, etcétera.

Los fines que se marcaron fueron, según el Boletín de Comercio de Santander de dicha fecha, «pedir o proponer al Gobierno las reformas beneficiosas para el comercio, la industria y la navegación; proponer la ejecución de obras o el establecimiento de reformas de los servicios públicos; dirigir y organizar las exposiciones comerciales y de industrias terrestres o marítimas; procurar la uniformidad de los usos y prácticas mercantiles; resolver como jurado las cuestiones o diferencias que sometan a su decisión los comerciantes, industriales o navieros; fomentar la enseñanza en los ramos y aplicaciones de su institución y deducir entre los tribunales las acciones criminales, para la persecución de los delitos contra sus intereses».

En la elección de la junta directiva, se nombró una comisión integrada por las siguientes personas: presidente, don Angel B. Pérez; vicepresidente, don Estanislao Abarca; contador, don Ramón López-Dóriga; tesorero, don José María González-Trevilla; secretario, don Faustino Odriozola; vocales, don Antonio F. Baladrón, don Eduardo López-Dóriga, don Teótimo Illera y don Ángel Valle. Como vocales suplentes, don José María Anieva, don Manuel Velarde y don Federico Rodríguez.

Hoy, la Cámara cumple 130 años. Los fines, lógicamente, han evolucionado; pero manteniendo siempre el eje central de apoyo y promoción del comercio, la industria y la navegación, actividades a las que la nueva ley de 2014 añade los servicios.

No pretendo ahora reivindicar lo que la Cámara ha significado en estos 130 años de historia económica y social de Cantabria. Los empresarios de nuestra región lo saben, porque han participado activamente en su desarrollo. Sólo mencionaré algunos hitos históricos fundamentales, como el papel de la Cámara en el desarrollo del puerto de Santander, la instalación en Santander del Depósito Franco (hoy Zona Franca), el aeropuerto, la escuela de náutica, el polígono industrial de Guarnizo, el pabellón en la Feria Internacional de Valladolid, la promoción de la formación y del comercio exterior y otras actuaciones menos visibles, pero igualmente decisivas para el desarrollo regional.

La Cámara de Comercio de Cantabria se encuentra hoy -al igual que el resto de cámaras españolas- en una situación delicada. La nueva Ley de 2014 que mantiene la naturaleza pública de la Cámara así como sus fines de defensa del interés general, elimina la financiación de estas instituciones al eliminar la cuota cameral que pagaban las empresas (conviene recordar que el 82% de las empresas de Cantabria pagaban una cuota anual de entre 0 y 100 euros al año) y mantiene la obligatoriedad de prestar unos servicios públicos, para los que no se establece financiación pública alguna, lo cual no deja de ser un contrasentido que habrá que solucionar.

La ley establece que la Cámara se financiará por la prestación de sus servicios, lo cual en principio es lógico y razonable. Lo que no es razonable es que se pretenda que los servicios públicos se financien con aportaciones privadas y tampoco es lógico ni razonable que se pretenda que las Cámaras compitan, en algunos servicios, con las propias empresas a las que representan, que es a lo que nos lleva la actual normativa.

Si se quiere que las entidades camerales tengan futuro, es imprescindible un marco legal coherente que les garantice una mínima estabilidad presupuestaria. Si se acepta que, por nuestra cercanía a las pymes, por la cualificación de nuestro personal y por nuestra experiencia, las cámaras podemos hacer una tarea importante como instrumento de las administraciones en la prestación de servicios de carácter público, habrá que elaborar una nueva normativa consensuada con las administraciones, tanto nacional como autonómicas, a fin de dotar a las cámaras de funciones concretas y de financiación concreta.

Es por lo tanto necesario aclarar esta situación lo antes posible, para fijar un marco estable de funcionamiento de las cámaras de comercio españolas.

Desde la Cámara de Cantabria, en cualquier caso, seguiremos trabajando en pro del desarrollo de nuestra comunidad autónoma y de nuestras empresas con la misma pasión que pusieron los fundadores hace 130 años y tenemos la convicción de que podemos seguir siendo útiles para la economía de nuestra región otros 130.