Buruaga anuncia que Cantabria tendrá por primera vez en 2024 un «presupuesto real» de 3.542 millones de euros

Santander- 24.10.2023

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado hoy que la Comunidad Autónoma tendrá en 2024 un presupuesto de 3.542,5 millones de euros, lo que supone un incremento de 67,4 millones con respecto a 2023, un 1,94 por ciento más. El presupuesto no financiero (deuda excluida) se incrementa en casi 136 millones de euros, un 4,5 por ciento.

Pero más allá de los números, Buruaga ha destacado que por primera vez será un «presupuesto real, cierto» y orientado a reducir progresivamente las «insuficiencias» de los últimos años en sanidad y en educación, a reforzar los servicios públicos esenciales «como nunca antes» y a cubrir y garantizar el gasto real.

«Vamos a presupuestar a final de la legislatura lo que la sanidad y la educación pública de Cantabria cántabra valen y cuestan, sin hacernos trampas a nosotros mismos y sin engañar a los ciudadanos», ha subrayado la presidenta.

Unas cuentas, ha detallado, que suben un 5,8 por ciento (62,7 millones) y un 6,6 por ciento (45,9 millones) en sanidad y en educación, respectivamente, que destinan 465 millones a impulsar la inversión pública (240 millones en inversiones reales, 100 más que en 2023, y 226 millones en transferencias de capital) y que rebajan en 50 millones de euros la deuda de Cantabria.

A su juicio, esta es «la mejor respuesta a quienes sistemáticamente nos acusan de recortes, privatizaciones o servicio business», respuesta que «no admite discusión ni resiste la comparación».

Además, ha explicado que las cuentas para el próximo año se han calculado, también por primera vez, «con déficit cero», que es la tasa consignada inicialmente en el programa de estabilidad remitido por España a Europa; sin conocer las entregas a cuenta de la financiación autonómica, ni el techo de gasto y ni las reglas de estabilidad, y en un escenario de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, ante la situación de incertidumbre que planea sobre la política nacional.

«Se acabó la prestidigitación presupuestaria y empieza la verdadera ejecución», ha dicho Buruaga en el Foro Económico de El Diario Montañés, donde ha confirmado que el anteproyecto de ley ya está preparado pero que, antes de su aprobación en Consejo de Gobierno y su remisión al Parlamento, será sometido a «diálogo social y político», tal y como se comprometió la propia presidenta.

Por otro lado, se ha referido a la dificultad para elaborar el presupuesto con un Gobierno de la nación «desaparecido del mapa», lo que pone en cuestión la financiación de los grandes proyectos de Cantabria. Concretamente, ha recordado que siguen pendientes tanto el estudio de viabilidad de la terminal ferroviaria de La Pasiega como el convenio para transferir a la Comunidad los 55 millones de euros comprometidos para este centro logístico (11 millones), para el MUPAC (otros 11 millones) y para el pago de las obras de Valdecilla (33 millones).

En relación a esto último, ha denunciado el cambio de criterio del Estado, que, a diferencia de otros años, ahora exige justificar la inversión antes de firmar el acuerdo y enviar el dinero. «Nos están poniendo trabas y más trabas a la hora de justificar las inversiones, obligándonos a hacer un enorme esfuerzo de gestión para poder cobrar lo que es nuestro. Aun así, lo haremos», ha asegurado Buruaga.

«La Cantabria de las oportunidades ya está en marcha»

En su intervención ante una amplia representación institucional y empresarial de la Comunidad Autónoma, coincidiendo con los primeros cien días del Gobierno regional, María José Sáenz de Buruaga ha pronunciado la conferencia ‘La Cantabria de las oportunidades’ y ha hecho balance de los principales logros conseguidos en estos primeros meses de gestión para «desbloquear la parálisis» de la Cantabria recibida.

«La Cantabria de las oportunidades ya está en marcha», ha señalado la jefa del Ejecutivo, quien, entre otras novedades, ha adelantado que próximamente, «previsiblemente antes de final de mes», la CROTU aprobará la autorización de construcción del parque eólico de El Escudo, una instalación de 105 megavatios y 25 molinos que permitirá abastecer a 95.000 hogares y que supondrá una inversión de 110 millones de euros. A ella se sumarán más adelante otros seis parques con una potencia de 157,3 megavatios y 37 aerogeneradores, cuya tramitación está también bastante avanzada.

La presidenta ha dicho que «con este Gobierno arranca el contador del desarrollo eólico en Cantabria» y también de la construcción de vivienda de promoción pública con un programa para construir 171 viviendas de alquiler a precios asequibles en siete municipios, después de ocho años en los que no se construyó ninguna vivienda de este tipo en la región.

Asimismo, ha valorado que ha resuelto ya el problema derivado del modificado del MUPAC y se ha empezado a revertir el «caos sanitario», normalizando el servicio de transporte urgente y programado y reiniciando la actividad quirúrgica extraordinaria en los hospitales para afrontar las «insoportables y escandalosas» listas de espera.

También se ha desbloqueado la tramitación de 2.100 expedientes del bono joven para ayudas al alquiler, por valor de 2,5 millones de euros, que se iban a perder, por falta de gestión, al igual que otras ayudas europeas de 13 millones para la construcción de vivienda en alquiler social, 16 millones para obras públicas, 2,6 millones para programas de interés social y otros 3,4 millones para innovación.

Del mismo modo, Buruaga ha apuntado que en estos cien primeros días se ha «puesto orden» a la gestión de los fondos europeos y se han incrementado casi un 47 por ciento la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En concreto, de los 373 millones recibidos, ya se han ejecutado o están en ejecución 273,7 millones, el 73,2 por ciento del total, mientras que los otros 100 restantes «están localizados y pendientes de asignar y/o tramitar».

Otra de las reivindicaciones de Buruaga es que el Gobierno está ahora «mucho más cerca de las empresas», porque se ha convertido en un «Gobierno amable y facilitador» de su actividad. En este punto, ha afirmado que «los inversores han empezado a mirar hacia Cantabria» y ha desvelado que existen ya «algunos proyectos en cartera».

A ello contribuye, en su opinión, la simplificación administrativa y la «ambiciosa» reforma fiscal comprometida por el Ejecutivo cántabro. Sobre la primera, ha informado que la Ley de Acompañamiento de los presupuestos introducirá la declaración responsable en ámbitos como los espectáculos y los eventos, agilizará la concesión de licencias de actividad y los expedientes de contratación pública, y modificará la Ley de Subvenciones para acortar plazos y suprimir pasos intermedios.

En cuanto a la reforma fiscal, ha incidido en que «menos impuestos no significan menos ingresos ni menos recaudación». Al contario, «aumentará la confianza y la renta disponible de hogares y empresas, impulsando el consumo, la inversión y el empleo».

María José Sáenz de Buruaga ha convocado al conjunto de la sociedad cántabra a construir juntos la «Cantabria de las oportunidades» y ha reafirmado la voluntad del Gobierno de liderar la transformación de la Comunidad Autónoma con un «clima de diálogo y entendimiento político y social».

En este sentido, ha apelado a alcanzar un «consenso reivindicativo» para evitar el «atropello separatista» y para exigir al Gobierno de España «certezas» sobre proyectos fundamentales como las integraciones ferroviarias, el AVE a Reinosa, la conexión con Bilbao, la autovía Aguilar de Campoo-Burgos, el tercer carril de la A8 entre Laredo y Vizcaya o la finalización de los accesos a Liébana y del nudo de Torrelavega, entre otros.

«Buscamos una Cantabria que aporte cada vez más y no cada vez menos al conjunto del país (…). Una Cantabria líder en sanidad, en cultura, en educación, en ciencia, en innovación, en sostenibilidad y en calidad de vida. La Cantabria de las oportunidades», ha remarcado, que se ha mostrado optimista y confiada en el futuro de la Comunidad Autónoma.

«Diagnóstico»

La presidenta ha dedicado la primera parte de su intervención a exponer, sin «catastrofismos», el «diagnóstico» de la Cantabria heredada de la gestión del anterior Gobierno, una «región rezagada que se estaba quedando atrás» en crecimiento y en creación de empleo.

Según los datos publicados por el ICANE relativos al segundo trimestre del año, el crecimiento interanual de Cantabria se sitúa en el 1,2 por ciento, frente al 2,2 por ciento de la media española, y el crecimiento regional desde el año 2015 ha sido de 9 puntos, frente a los 13,3 del resto de España.

En cuanto al empleo, la afiliación a la Seguridad Social ha subido en los ocho últimos años en Cantabria un 12 por ciento, mientras que en el conjunto del país lo ha hecho casi el doble, un 20 por ciento.

Por sectores de actividad, todos presentan dificultades excepto el sector servicios y el turismo. En palabras de la presidenta, el sector ganadero se encuentra «acorralado» por los costes de producción, la protección del lobo, la falta de relevo generacional y, ahora, la enfermedad hemorrágica, mientras que la industria electro-intensiva, de componentes de la automoción y siderurgia está «amenazada» por la política energética del Gobierno de España y la falta de orientación de los últimos años.

Por su parte, el sector TIC tiene dificultades para consolidarse y crecer por falta de profesionales cualificados, en un momento en el que, paradójicamente, muchos jóvenes tienen que irse de Cantabria por falta de oportunidades, y la I+D+i cántabra sigue sin crecer al ritmo que crece la economía y representa tan solo el 0,9 por ciento del PIB, frente al 1,43 por ciento de la media nacional, lo que supone el mayor diferencial en los últimos dieciocho años.

Por último, ha incluido en esta fotografía de la Cantabria recibida el desarrollo de las energías renovables, que está «a la cola de España» y no ha visto fructificar en los ocho últimos años ningún proyecto nuevo.

Para Buruaga, las causas que han llevado a esta situación son un exceso de impuestos y falta de competitividad fiscal, exceso de burocracia, retraso y escasa ejecución de las inversiones públicas, falta de dirección política y de coordinación entre consejerías, e insuficiente impulso a la transformación del modelo productivo.