Cantabria abandona la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en protesta por los repartos del impuesto a la banca y la condonación de la deuda autonómica

Santander- 26.02.2025

El consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, ha secundado la decisión de los consejeros de los gobiernos autonómicos del PP de abandonar la reunión de esta tarde en Madrid del Consejo de Política Fiscal y Financiera, decisión que se ha tomado cuando se debatía el reparto sobre el impuesto de la banca, decisión que se ha prolongado a la hora de poner sobre la mesa la polémica propuesta de condonación de la deuda autonómica.

En el transcurso del quinto punto del orden del día de la reunión presidida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando se debatía el reparto sobre el impuesto sobre la banca, las comunidades autónomas manifestaron su rechazo a que una decisión que había sido recogida en una ley se traiga a ser ratificada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Agüeros ha manifestado que esa decisión no era procedente, además de que el reparto beneficiaba a las comunidades más ricas y era «injusta y gravosa para los intereses de las comunidades autónomas». Agüeros y la gran mayoría de los consejeros autonómicos también se ausentaron del debate de la condonación de la deuda al entender que ya estaba pactada, no en el foro en el que debería haberse pactado, sino «con una negociación unilateral con el grupo ERC.

El consejero ha explicado que la propuesta de la ministra Montero era gravosa para Cantabria, ya que la media de condonación de las comunidades autónomas era del del 26,7 por ciento, mientras que la de Cantabria era de un 2,3 por ciento por debajo de la media, con lo cual era «muy lesiva para los intereses de Cantabria», según ha calificado el consejero que ha añadido que en términos de condonación por habitante le correspondería a Cantabria 1.369 euros por habitante frente a los 1.892 de las otras comunidades.

El consejero cántabro ha manifestado después de la reunión que la solución que necesita Cantabria no es una condonación, no es un parche parcial pactado con los separatistas, sino un nuevo sistema de financiación autonómica que se ha reclamado con insistencia y que aporte más recursos al sistema, ya que, en criterio del consejero, las comunidades están escasamente financiadas como consecuencia de la aprobación de leyes estatales que imponen a las comunidades autónomas más obligaciones y prestaciones de servicios sin venir acompañadas de la financiación correspondiente.

Desigualdad y mala gestión

Cantabria se suma al rechazo de la propuesta del Gobierno de condonar la deuda de las comunidades autónomas con el Fondo de Liquidez Autonómica al considerar que «es una medida que fomenta la desigualdad y la mala gestión económica, y que en realidad busca pagar con el dinero de todos los españoles los votos de los diputados independentistas de Cataluña para que Pedro Sánchez siga manteniéndose en el poder».

El consejero cántabro ha manifestado que «Cantabria esperará a que se presente una propuesta formal y multilateral que defienda de manera eficiente todos los servicios públicos que tenemos encomendados, y para ello reclamaremos la financiación necesaria que nos permita asumir todos los incrementos de gastos que el Gobierno de Cantabria ha experimentado en sus políticas orientadas a la sanidad, educación y los servicios sociales», ha señalado.

Agüero ha lamentado que la debilidad del Gobierno le obligue a hacer piruetas para contentar a sus socios independentistas, y se niegue a presentar propuestas que realmente beneficien a la nación, y ha recordado las manifestaciones de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga en el sentido de que la propuesta del Gobierno de Sánchez es una herramienta para pagar a los independentistas los votos para mantenerse en el poder a cambio de un trato de favor a Cataluña.

Cantabria hubiera sido una de las comunidades a las que menos le afectaría en volumen la medida de Moncloa. Su deuda total es de 3.248 millones de euros, de los cuales 3.019 corresponden a los fondos de financiación del Estado. Con la propuesta se vería beneficiada con 809 millones de euros, el peor acuerdo después del de La Rioja.