Cantabria solicita al CISNS que inste al Gobierno a licitar «con urgencia» un nuevo concierto con MUFACE para garantizar una asistencia de calidad a los mutualistas

Santander- 13.12.2024

El consejero de Salud, César Pascual, ha solicitado al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que se reúne el lunes en sesión plenaria, que inste al Gobierno a licitar con la «máxima urgencia y desde el consenso real con los representantes de los funcionarios» un nuevo concierto con la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), que cuente con la dotación económica necesaria para garantizar una asistencia de máxima calidad y adaptada a las necesidades de los mutualistas.

Además, en la petición para que el CISNS añada este punto al orden del día, Cantabria también exige que, de cara al futuro, se desarrolle y consolide el mutualismo administrativo «desde la sostenibilidad y la solvencia del modelo».

En palabras de César Pascual, se trata de una propuesta constructiva, elaborada con la confianza de que, desde el Ministerio, tengan la sensibilidad de aceptar, así como para enriquecer el debate y dar solución a un problema que afecta a más de un millón y medio de personas.

De hecho, el consejero de Salud ha recordado que MUFACE fue creada hace casi cincuenta años y es una opción que, de acuerdo con los datos consolidados ofrecidos desde la propia mutualidad, fue elegida, en 2023, por 1.103.292 funcionarios (69,6%), de los que dependen 434.409 beneficiarios. En total, 1.537.701 personas protegidas.

Pascual también ha añadido que, tras una serie de avatares en la licitación del nuevo concierto para el aseguramiento sanitario de los beneficiarios de MUFACE, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública asumió el compromiso firme de publicar una nueva licitación «antes de que acabe el año» 2024.

Sin embargo, dicha promesa no convenció a los representantes de los beneficiarios de MUFACE, especialmente a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios. Así, tras liderar movilizaciones por todo el país el 11 de noviembre, presentaron al Defensor del Pueblo el 10 de diciembre «centenares de quejas por retrasos, anulaciones y suspensiones de citas médicas» y convocaron una nueva manifestación el 14 de diciembre para asegurar «la protección de la sanidad de los funcionarios y sus familias», así como defender «su derecho a la atención sanitaria».