El consejero de Medio Ambiente informa a los alcaldes de los municipios cántabros de las principales novedades de la nueva Ley de Residuos

Santander- 29.11.2022

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, ha mantenido hoy un encuentro con los alcaldes de los municipios en los que la empresa pública MARE presta sus servicios de gestión de residuos para informarles de las novedades que traerá consigo la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023.

Con unos objetivos más ambiciosos en materia de prevención y reciclaje, la nueva normativa exigirá la realización de más recogidas selectivas municipales obligatorias, que afectarán a los biorresiduos, los textiles, los aceites de cocina, residuos domésticos peligrosos y los residuos peligrosos.

Según ha explicado el consejero, “es una normativa que conlleva nuevas responsabilidades y compromisos tanto para las administraciones públicas, locales y regionales como para la ciudadanía y la actividad económica que se lleva a cabo en nuestros municipios”.

En esta línea, Blanco ha subrayado que “esta nueva Ley incorpora retos más ambiciosos que nos obligan a avanzar en una recogida de residuos con mayor nivel de separación y reciclaje con el fin de hacer una sociedad más sostenible”.

Con esta nueva normativa se promoverá el desarrollo de la responsabilidad ampliada del productor, con nuevos flujos sometidos a este requisito, como los residuos textiles, muebles y enseres, plásticos de uso agrario y residuos sanitarios, aparejos de pesca, productos del tabaco y posibilidad reglamentaria para cápsulas de café monodosis y toallitas húmedas.

También se ampliarán los costes de esta responsabilidad a la recogida separada y los costes asociados a residuos recuperados de la fracción resto o limpieza viaria, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los costes de concienciación, información, de recogida y de comunicación.

De igual modo, promoverá la prestación de servicios con una buena relación coste-eficiencia en términos económicos, sociales y medioambientales.

En cuanto a los costes de gestión de residuos, la nueva Ley fomentará el principio de quien contamina paga en materia de costes relativos a la gestión de los residuos, incluidos los costes correspondientes a la infraestructura necesaria y a su funcionamiento, así como los costes relativos a los impactos medioambientales.

En este sentido, los ayuntamientos de toda España tendrán un plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de la nueva Ley, 1 de enero de 2023, implementar una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no diferenciada, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo e indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento.

El consejero ha querido aclarar a los alcaldes de los ayuntamientos que se trata de unos nuevos impuestos estatales que estamos a obligados a aplicar en Cantabria y en el resto de las comunidades autónomas para cumplir con los nuevos objetivos medioambientales que marca la Unión Europea para seguir cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia de reciclaje.

Por ello, ha pedido a los ayuntamientos y a sus vecinos un esfuerzo de concienciación y de cambio de hábitos para reciclar “más y mejor, interiorizando una práctica medioambiental con grandes beneficios para el conjunto de la sociedad”.

En este sentido, ha abogado por incluir sistemas municipales para incentivar la recogida separada en viviendas de alquiler vacacional y similar; fomentar la diferenciación o reducción en el supuesto de prácticas de compostaje doméstico o comunitario o de separación y recogida separada de materia orgánica compostable.

También se ha mostrado partidario de promover la diferenciación o reducción en el supuesto de participación en recogidas separadas para la posterior preparación para la reutilización y reciclado, tales como puntos limpios o puntos de entrega alternativos, además de sistemas de diferenciación o reducción para las personas y las unidades familiares en situación de riesgo de exclusión social.

La nueva Ley supondrá, tal y como ha informado el consejero, la actualización de conceptos tan esenciales como los residuos domésticos, los residuos municipales y los residuos comerciales, así como los biorresiduos, los residuos de competencia local y la gestión de residuos, así como las competencias administrativas obligatorias y potestativas de las entidades locales.

Así, se deberá disponer de una red de recogida suficiente que incluirá puntos limpios o puntos de entrega alternativos; programas de gestión de residuos, en el caso de los municipios con más de 5.000 habitantes, y recopilar, elaborar y actualizar la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislación en materia de residuos y suministrarla a las comunidades autónomas, además de ejercer la potestad de vigilancia e inspección y la potestad sancionadora.

Además, los ayuntamientos podrán elaborar estrategias de economía circular, programas de prevención y programas de gestión de los residuos, así como gestionar los residuos comerciales no peligrosos.

En la reunión también han participado el director general de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, Antonio Lucio; el director de la empresa pública MARE, José María Díaz, y el presidente de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), Pablo Diestro.