El Gobierno cántabro extiende el silencio estimatorio en sus procedimientos para agilizar la Administración autonómica

Santander- 05.12.2025

El Gobierno de Cantabria ha ampliado los procedimientos autonómicos con silencio administrativo positivo, es decir, aquellos que, ante la falta de respuesta de la Administración autonómica, esa petición de ciudadanos y empresas se considera aprobada con los mismos efectos que si se hubiera dictado una resolución expresa a favor del solicitante.

Se trata de un cambio normativo, cuya obligación viene derivada de la Ley de Simplificación de Cantabria, en el que se han revisado y compilado en una única norma todos los procedimientos a nivel regional, autonómico y europeo con efectos desestimatorios o negativos para el ciudadano, eliminando de este listado 91 procedimientos de competencia autonómica y cambiando el sentido del silencio en otros 22 procedimientos regionales, que hasta ahora eran negativos y pasan a ser positivos para el ciudadano.

Así, con el nuevo decreto aprobado por el Gobierno, de los 925 procedimientos existentes en el conjunto de la Administración de la comunidad autónoma y que se realizan al inicio del interesado, solo el 20 por ciento tendrá silencio negativo. En concreto, 189 de los 925 procedimientos tendrán efectos desestimatorios, de los que el 75 por ciento de ellos derivan de una normativa estatal o europea, en los que Cantabria no tiene competencia, y únicamente un 25 por ciento son de normativa autonómica.

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria, Isabel Urrutia, ha dado estos datos durante la presentación, en rueda de prensa, del decreto aprobado ayer por el Consejo de Gobierno y que se publicará hoy en una edición extraordinaria del BOC, que modifica el anexo II de la Ley 5/2018, de Régimen Jurídico del Gobierno autonómico.

Urrutia ha explicado que para llegar hasta aquí su departamento ha llevado a cabo un arduo trabajo para actualizar el anexo de la ley, dado que no recogía todos los procedimientos a instancia de parte con silencios administrativos negativos (se han incorporado 110, la mayoría derivados de ley nacional o europea). Como ha destacado, esto conllevaba «una grandísima inseguridad jurídica» para los ciudadanos y empresas, que tenían que acudir hasta el momento a leyes sectoriales, autonómicas, estatales y europeas para saber si el silencio que se correspondía en su procedimiento era positivo o negativo.

Según ha explicado, con el nuevo decreto autonómico «revisamos y analizamos todos los procedimientos, convertimos en silencio positivo todos aquellos que el interés general nos permite y derivan de una norma autonómica, y recogemos en un solo documento los silencios de carácter negativo», agrupados, además, por materias y no por consejerías, para una mayor permanencia en el tiempo y para facilitar su consulta, localización y aplicación.

El resultado, ha subrayado la consejera, es una norma autonómica «renovada, garantista y realista con la situación» y que recoge 189 procedimientos en los que el sentido del silencio es negativo y solo 47 de ellos son de competencia del Gobierno cántabro.

Nuevos trámites con silencio positivo

Urrutia ha detallado alguno de los 22 procedimientos que el Gobierno autonómico, en virtud de sus competencias, ha decidido transformar a silencio estimatorio en beneficio del ciudadano, como es el caso de la autorización de los horarios especiales de establecimientos de hostelería, la obtención del título de entidad colaboradora de caza o pesca y el certificado de matriculación de vehículo pesado.

Igualmente, se transformarán en procedimientos con silencio estimatorio para el ciudadano la certificación de capacitación profesional para ejercer la profesión de transportista, la solicitud en el registro de explotaciones agrarias o de instalaciones y de operadores de telecomunicaciones, vinculados, como ha destacado la consejera, «a la actividad económica en nuestro ámbito territorial».

Para Isabel Urrutia, «tenemos un Gobierno en Cantabria que cree en la celeridad, en la seguridad jurídica y en hacer la vida más fácil a los ciudadanos en su relación con la Administración. Y lo demuestra con hechos,», ha declarado, tras lo que ha asegurado que «nunca nadie antes había afrontado un trabajo tan arduo, tan riguroso y tan garantista con los ciudadanos».

Además, ha afirmado que este trabajo, que comenzó con la aprobación de la Ley autonómica de Simplificación Administrativa y que entró en vigor el pasado mes de abril, continuará «de forma permanente», con el objetivo de luchar contra el exceso de burocracia, reducir trámites, simplificar procedimientos y dar agilidad y eficiencia a la Administración.

En estas tareas, la consejera de Presidencia ha agradecido el trabajo y del esfuerzo de todos los trabajadores y altos cargos del Gobierno, que ha sido coordinado e impulsado por la Dirección General de Simplificación Administrativa, una labor que «apuesta por la simplificación, por el cambio de paradigma en las relaciones con los ciudadanos y en hacer de Cantabria una tierra facilitadora».

Desde la aprobación de la primera Ley de Simplificación Administrativa, el Gobierno cántabro ha creado un grupo de trabajo específico en este ámbito y ha puesto en marcha una línea abierta para resolver las dudas a la ciudadanos y empresas.

También ha aprobado en junio el decreto de creación de la Unidad Aceleradora de Proyectos y el reglamento regulador de las entidades colaboradoras de certificación. Urrutia ha avanzado que su departamento ultima también el Plan de Simplificación Administrativa previsto en la ley.

«Este Gobierno ni para ni va a parar en este proyecto de ‘Cantabria facilita’, en el que la Ley de Simplificación y todos sus instrumentos son para nosotros pilares fundamentales para el desarrollo económico y social de Cantabria de esta región», ha concluido.