El Gobierno cántabro presenta el borrador del anteproyecto de Ley de lucha contra el despoblamiento que supera el primer trámite en la Comisión permanente

Santander- 30.04.2026

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha presidido hoy la primera reunión de la Comisión Permanente del Consejo Asesor de lucha contra el despoblamiento, en la que se ha presentado el borrador de la futura Ley de lucha contra el despoblamiento y frente al reto demográfico, un texto que el Ejecutivo autonómico prevé remitir al Parlamento de Cantabria como proyecto de ley antes del próximo verano.

El borrador de este anteproyecto ha superado el primer trámite tras el visto bueno de la Comisión permanente, al incorporar además las alegaciones y propuestas de los municipios y la Universidad de Cantabria.

Antes de comenzar la reunión, Urrutia ha realizado una comparecencia ante los medios de comunicación, donde ha destacado que el objetivo de esta norma es «poner en la agenda de las administraciones la lucha contra el despoblamiento y frente al reto demográfico en todas las políticas públicas que se pongan en marcha», con el fin de dar «una respuesta integral y permanente en el tiempo con un marco normativo concreto y con medidas reales».

El borrador, que ha comenzado hoy su tramitación con el análisis en el seno de la Comisión Permanente, es fruto del trabajo conjunto de todas las consejerías del Gobierno de Cantabria y de las aportaciones realizadas por los miembros del Consejo Asesor en los últimos años.

Además, según ha dicho, ha tomado como «base» el documento elaborado por el anterior Ejecutivo que no llegó a tramitarse. «No partíamos de cero, pero creo que es un texto mucho más ambicioso, más real y acorde a las necesidades de Cantabria», ha subrayado Isabel Urrutia.

Respecto a su contenido, la futura ley se estructura en 66 artículos distribuidos en cuatro títulos, además de un preámbulo y diversas disposiciones, y se articula en dos grandes bloques. Por un lado, una parte general que define el objeto, ámbito de aplicación y finalidades de la norma, así como las medidas generales de acción, organización y planificación de la Administración autonómica.

Por otro lado, se incluye un conjunto de medidas específicas dirigidas a los 41 municipios en riesgo de despoblamiento. Entre las principales actuaciones previstas, destacan las rebajas fiscales y deducciones en estos municipios, así como medidas de discriminación positiva en la contratación pública, en las subvenciones y en el acceso al empleo público, con el objetivo de incentivar la cobertura de puestos de trabajo de difícil provisión.

Asimismo, el texto contempla iniciativas en ámbitos clave como la sanidad, la educación, la inclusión social o la lucha contra la soledad no deseada, además de actuaciones en turismo, cultura, seguridad y combatir la brecha digital. También promueve la colaboración entre administraciones y con el sector privado, así como la sensibilización social y la puesta en valor del medio rural.

En la parte organizativa, ha señalado que la nueva norma obligará a que haya una consejería competente en esta materia, que coordinará las competencias de las distintas consejerías, incluyendo la acción también del Consejo Asesor.

Aplicación en Gobierno y ayuntamientos

La consejera de Presidencia ha incidido en el carácter transversal de la norma, que implicará tanto a la Administración autonómica como a las entidades locales. «No solo afecta y obliga a la administración autonómica y su sector público, sino también a la administración local, con la que tendremos que coordinar, apoyar e impulsar medidas concretas», ha explicado.

El texto incorpora además el deber general de todas las administraciones de integrar la perspectiva demográfica en su acción de gobierno, en la producción normativa y en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

El objetivo último es «promover la igualdad de oportunidades en el ejercicio de los derechos y libertades de los cántabros que viven en los municipios en riesgo de despoblamiento, aumentar la población, frenar estos procesos y no solo atraer nuevos habitantes, sino también lograr que permanezcan quienes ya viven en el medio rural».

Tras esta primera reunión, el borrador será sometido a las aportaciones de los miembros de la Comisión Permanente y, posteriormente, del conjunto del Consejo Asesor. De forma paralela, el Gobierno abrirá en mayo el trámite de audiencia e información pública para recabar la participación de la ciudadanía. Una vez analizadas las alegaciones, el texto continuará su tramitación interna hasta su aprobación por el Consejo de Gobierno y su posterior remisión al Parlamento de Cantabria como proyecto de ley.

Comisión permanente

La Comisión Permanente del Consejo Asesor contra el Despoblamiento de Cantabria es un órgano de trabajo creado para agilizar las acciones contra la pérdida poblacional en la región. Integrada en un nuevo decreto aprobado en 2025, busca mayor dinamismo y operatividad, gestionando medidas en municipios con riesgo de despoblación.

El Gobierno cántabro impulsó esta reforma para que las propuestas y acciones que frenen la pérdida poblacional sean implantadas a la mayor brevedad posible. Igualmente, el objetivo de este cambio normativo es adecuar la norma al funcionamiento real del Consejo y contar con la opinión y participación de más entidades que trabajan sobre el terreno.