El Gobierno cántabro prevé aprobar este año el proyecto de Ley de Función Pública

Santander- 04.04.2025

La Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno autonómico ha iniciado los trámites para la redacción de la futura ley de función pública de Cantabria con la publicación hoy en el Boletín Oficial de Cantabria del proceso de consulta pública previa, que se prolongará durante veinte días hábiles, hasta el 6 de mayo.

La responsable de la Consejería, Isabel Urrutia, ha señalado que el Gobierno prevé aprobar la norma este mismo año, cumpliendo el compromiso adquirido al inicio de la legislatura, y responder con ello a una «necesidad imperiosa» dentro de la Administración pública autonómica y de la gestión de su capital humano para ofrecer «una mayor seguridad jurídica, potenciar la modernización y mejorar la calidad los servicios públicos».

La nueva norma autonómica ahondará en cuestiones como los procesos de selección, la provisión de puestos de trabajo, el régimen retributivo y la carrera profesional, entre otras.

Y es que la actual ley vigente data del año 1993 y se ha visto afectada por «numerosas modificaciones parciales» con el fin de incorporar cambios legislativos estatales y adaptarse a las demandas crecientes de los servicios públicos, según ha recordado la consejera. Sin embargo, «estas adaptaciones no han permitido consolidar una normativa integral y actualizada capaz de responder a las necesidades presentes y futuras del empleo público en Cantabria», ha opinado.

En concreto, la consejera de Presidencia del Gobierno cántabro ha explicado que la redacción de la nueva norma responde a la necesidad de adaptarse al Estatuto básico del empleado público (EBEP) de 2007 y a otras normativas que se han aprobado en los últimos años y que tienen relación con el régimen por el que se rigen los trabajadores de la Administración pública autonómica. Así, el artículo 6 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, prevé que cada comunidad autónoma aprobará, en el ámbito de sus competencias, su correspondiente ley reguladora de la Función Pública.

«La aprobación de una nueva norma resulta, por tanto, necesaria para acometer la actualización y modernización de las bases reguladoras del empleo público de Cantabria, mediante la incorporación de todos aquellos aspectos que, producto de la evolución y de la necesaria proyección de futuro, sean precisos regular y que sean reflejo de la sociedad actual, compromisos estos que se han postergado por los anteriores gobiernos», ha indicado.

Para este proceso, Isabel Urrutia ha considerado «primordial» escuchar a todos los agentes implicados para «poder elaborar una ley desde el consenso y que recoja las necesidades reales de la Administración pública autonómica para una gestión de los recursos humanos, ahora más compleja, y para una mejor adecuación de los servicios públicos a las demandas de los ciudadanos».

Por su parte, para llevar a cabo el trabajo de redacción de un primer borrador del texto legal, el Gobierno cántabro contará con el apoyo, asesoramiento y asistencia técnica de un grupo de expertos de la Universidad de Cantabria, dirigido por el catedrático de Derecho Administrativo, Javier Barcelona.

Proceso de consulta pública

Con carácter previo a la mencionada elaboración del anteproyecto de Ley de Función Pública, ha quedado abierto hasta el 6 de mayo el proceso de consulta pública, en el que las personas y entidades interesadas podrán realizar sus aportaciones.

La consulta pública gira en torno a cuatro ejes: los objetivos de la norma y la necesidad y oportunidad de aprobarla, los problemas que quieren solucionarse con esta iniciativa y las posibles soluciones.

Las personas y entidades interesadas podrán enviar sus aportaciones por escrito, dirigidas a la Dirección General de Función Pública, a través de los registros públicos, o en el Portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria, en el apartado destinado a tal efecto.

La consejera Urrutia ha animado a todas las personas y entidades interesadas a que realicen sus aportaciones y comentarios porque, según ha concluido, se trata de «una buena oportunidad» para que «entre todos seamos capaces de conseguir el mejor texto legal».