El Gobierno de Cantabria cierra la reorganización del personal de la nueva Oficina Judicial de Santander

Santander- 24.09.2025

La Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa ha publicado la reorganización del personal de la futura Oficina Judicial de Santander, a través de una resolución publicada ayer en el Boletín Oficial de Cantabria, que adapta la estructura funcionarial de Santander a la organización judicial que impone la Ley de medidas de eficiencia del servicio público de la justicia.

La relación de puestos de trabajo de la Oficina Judicial de Santander se estructura en un Servicio Común General, que dará soporte y apoyo al Tribunal Superior de Justicia, a la Audiencia Provincial y al Tribunal de Instancia.

El Servicio Común de Ejecución solo prestará soporte y apoyo al Tribunal de Instancia. Los procedimientos de ejecución del Tribunal Superior de Justicia y de la Audiencia Provincial serán asumidos por sus respectivos Servicios Comunes de Tramitación.

En total, se prevén en Santander tres Servicios Comunes de Tramitación: uno para el Tribunal Superior de Justicia, otro para la Audiencia Provincial y un tercero para el Tribunal de Instancia.

La nueva Oficina Judicial de Santander entrará en funcionamiento y adaptará su actual estructura a las relaciones de puestos de trabajo el 31 de diciembre, según se recoge en la resolución publicada.

Cantabria ya tiene implantada, desde el pasado 1 de julio, la nueva estructura de tribunales de instancia y de oficina judicial en el resto de partidos judiciales, un total de siete (Castro Urdiales, Santoña, Laredo, Medio Cudeyo, Reinosa, Torrelavega y San Vicente de la Barquera).

«A partir del 31 de diciembre, lo hará también Santander», ha señalado la responsable de la Consejería de Justicia, Isabel Urrutia, quien ha asegurado que Cantabria avanza en los trabajos de implantación de la nueva estructura en el partido judicial de Santander. La Consejería «volverá a cumplir» a pesar de los «exigentes» plazos marcados por la reforma nacional, garantizando «en todo momento» la continuidad del servicio, ha destacado.

Según Urrutia, Cantabria «ha dado el primer paso, tal vez el más complejo, consistente en dimensionar adecuadamente el número de efectivos que, extraídos de los juzgados a extinguir, pasarán a prestar sus funciones en los diferentes servicios comunes, áreas y equipos.»

Ha añadido que «esta misma semana» se convocarán los concursos de méritos para cubrir los puestos de jefaturas de áreas y equipos, el primero de los hitos del proceso de acoplamiento del personal de justicia a las plazas que se han creado en la relación de puestos de trabajo».

Cambio radical sin contar con las autonomías

La consejera de Justicia ha insistido en que este «cambio radical» en la organización judicial se ha hecho «sin contar con las comunidades autónomas con competencias de justicia y con un Ministerio que carga a las autonomías con todos los costes de la reforma». La Consejería de Justicia ha estimado que la implantación del sistema en los ocho partidos judiciales conllevará una inversión de la comunidad «en solitario» que superará los 2 millones de euros.

Frente a ello, Urrutia ha valorado la «buena coordinación y el trabajo conjunto» con el que se ha desarrollado este proceso de transición con el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), jueces y magistrados, con la Secretaria de Gobierno, los letrados de la Administración de Justicia, y con el resto de colectivos judiciales de la región.

Durante estos meses de transición, el Gobierno cántabro ha ejecutado una serie de trabajos previos y reuniones de preparación y coordinación para implementar la nueva estructura judicial.

Además, se han aprobado nuevas resoluciones sobre la estructura orgánica de los ocho partidos judiciales, así como las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, previa negociación sindical.

Igualmente, el Gobierno de Cantabria, en colaboración con todos los colectivos judiciales, ya estableció previamente los criterios para proceder al acoplamiento del personal en cada uno de los puestos adaptados al nuevo modelo de oficina judicial, registro civil y de la totalidad de las oficinas de justicia en el municipio.

El proceso de implantación también ha requerido otras actuaciones de carácter logístico y material, como el cambio de denominación de los edificios judiciales, modificación de todos los correos electrónicos vinculados a los órganos judiciales, la adaptación del sistema de gestión procesal Vereda a la nueva estructura de los órganos judiciales y cambios de la señalética interior de los edificios, entre otras cuestiones.