El Gobierno trasladará en enero la Sala del 112 a las dependencias de Peñacastillo y comenzará el proyecto de adecuación de la nueva sede del Instituto de Medicina Legal

Santander- 10.11.2026

El consejero de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Juan Sáez Bereciartu, ha anunciado que la Sala del Centro de Atención de Emergencias 112 se trasladará en el mes de enero a su nueva ubicación en el edificio adquirido por el Gobierno de Cantabria en Peñacastillo, en el 1 de Mayo, unas dependencias que compartirá, entre otros, con los servicios de la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana, favoreciendo la coordinación, la comunicación y la eficiencia en la gestión y la atención de emergencias. 

Además, en la sede que deja el 112 en Cazoña, el Ejecutivo comenzará los trabajos previos para la redacción del proyecto de adecuación del espacio para albergar las dependencias del Instituto de Medicina Legal, lo que supondrá no solo dar respuesta a la modernización de las dependencias sino también la unificación en un solo espacio de este organismo, incluidos los equipos psicosociales, y que todavía hoy se reparte entre el complejo judicial de Las Salesas y la sala de autopsias en Valdecilla.

La previsión es que en 2027 comiencen los trabajos de adaptación para llevar allí los primeros servicios del Instituto de Medicina Legal -los equipos de consulta forense y equipos psicosociales-, lo que se realizará con medios propios, a través del personal de los Talleres Regionales, ha precisado.

Sáez Bereciartu ha informado de ello durante la presentación en comisión parlamentaria el presupuesto de su departamento para el próximo año, que alcanza los 177,8 millones y que ha definido como unas cuentas «de continuidad, estabilidad y de cumplimiento», que tienen como objetivo «finalizar proyectos, ejecutar inversiones estratégicas y asegurar actuaciones comprometidas con los ciudadanos».

Entre estos proyectos, ha informado que el anteproyecto de ley de Función Pública saldrá a información pública la próxima semana con lo que se abrirá un plazo de presentación de alegaciones. Ha calificado esta norma como un «hito» y ha apuntado las dificultades en elaboración de este proyecto normativo tras los sucesivos cambios legislativos en la normativa básica estatal desde 1993, año en el que entró en vigor la actual ley de Cantabria. El texto, ha informado el consejero, ya se ha adelantado en verano a los sindicatos para que puedan preparar con antelación sus aportaciones.

Respecto al nuevo convenio colectivo personal laboral, el consejero de Presidencia se ha mostrado optimista en poder alcanzar un acuerdo – «está muy cerca»-, y ha precisado que las diferencias se encuentran únicamente en el reparto económico de los 3 millones de euros previstos en mejoras de las condiciones laborales. En este sentido, ha considerado que las organizaciones sindicales han reconocido el esfuerzo de un Gobierno que defiende la necesidad de actualizar este convenio después de 16 años en vigor el actual. «Si no tenemos firmado en los próximos días el convenio corremos el riesgo de perder 3 millones de euros que irían directamente al bolsillo de todos los trabajadores, aunque hay más aspectos importantes. Verdaderamente sería una pena y por eso llamo a responsabilidad de las organizaciones sindicales» para alcanzar un acuerdo, ha afirmado.

Agencia de Emergencias y oposición única de policía local

Igualmente, se ha referido al proyecto de Ley de creación de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Cantabria (ASECAN), que, según ha dicho «va a seguir adelante» porque es «una ley buena para el Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias». En este sentido, ha rechazado las discrepancias manifestadas por un centenar de bomberos del Servicios de Emergencias de Cantabria, que «no contienen ninguna una crítica al sistema organizativo» propuesto en la ley.

Por ello, ha solicitado «altura de miras» y ver «cómo prestamos el servicio al ciudadano» dado que, a su juicio, «es de sentido común que un único organismo, una única agencia, que estén unidos y coordinados en un único centro de mando todos los recursos disponibles para las emergencias de Cantabria».

«Vamos a terminar esta legislatura con una transformación profunda de los servicios de emergencia y protección civil, no solo en la inversión realizada, si no especialmente dotándola de una más organización racional», ha concluido.

En materia de seguridad, el consejero también se ha referido a otro de los principales proyectos de legislatura de su departamento como es la convocatoria unificada de las oposiciones para acceder a los cuerpos de policía local de Cantabria, con vistas a realizar la primera convocatoria oficial en el primer trimestre de 2027.

Por otro lado, el consejero ha anunciado que durante el mes de noviembre se abonarán las indemnizaciones derivadas de los nuevos supuestos incluidos en la modificación de la Ley 1/2023, de 5 de abril, de Reconocimiento, Homenaje, Memoria y Dignidad a las Víctimas del Terrorismo. De esta forma, el Ejecutivo regional extiende de forma efectiva los beneficios de la norma a más víctimas y sus familiares, como es el caso de los herederos de las víctimas fallecidas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley autonómica y en nuevos supuestos como las amenazas o el secuestro.

En este punto, el consejero de Justicia ha destacado la importancia de recoger en un archivo audiovisual, como prevén los presupuestos, «la impronta vital» de las víctimas del terrorismo. «Podríamos haber sido cualquiera de nosotros, es la injusticia del azar lo que nos obliga como sociedad a estar a su lado permanentemente», ha remarcado, tras lo que ha señalado que con estos testimonios en soporte audiovisual quedará constancia a las futuras generaciones de lo que «representa la radicalización, el terrorismo y la imposición de la fuerza de determinadas ideologías», ha señalado.

Durante su intervención en la comisión, el consejero también ha aprovechado para hacer balance de la ejecución de los actuales presupuestos, que actualmente supera el 72 por ciento con más de 118 millones de euros ejecutados. Sáez Bereciartu cree que al final de año el porcentaje de ejecución alcanzará entre el 86 y 90 por ciento.

Un 4,8% más de presupuesto

El consejero ha informado en sede parlamentaria del alcance del proyecto de presupuesto de su departamento para 2027, que asciende a 177,8 millones de euros, incluidos los dos organismos autónomos adscritos, el Instituto Cántabro de Administración Pública (ICAP) y el Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA). Esta cantidad supone un incremento del 4,8 por ciento con respecto al presente ejercicio.

En su intervención, ha puesto de relieve el importante crecimiento de los fondos que gestiona la Consejería de Presidencia respecto al inicio de la legislatura, un 33,6 por ciento superiores, un total de 42,9 millones de euros más para, según ha dicho, «servir de soporte al correcto funcionamiento de la Administración autonómica, pero también proyectar su actuación hacia los ciudadanos en aspectos claves de su vida» en referencia a la seguridad, la justicia, la modernización de los servicios públicos y el compromiso con el funcionamiento y la financiación de los ayuntamientos.

El consejero de Presidencia ha explicado que las cuentas consolidan la apuesta del Gobierno de Cantabria por una Administración moderna y cercana a ciudadanos y empresas, una comunidad más segura, una justicia a la vanguardia y un Gobierno aliado con los municipios e inversor en nuestros pueblos.

Así, la primera de las líneas se centra en continuar desarrollando el proyecto de reducción de cargas administrativas, agilizar procedimientos y avanzar en transformación digital -proyecto Cantabria Facilita-.

Entre las actuaciones, destaca la ejecución de los planes de Simplificación Administrativa y Administración Digital, que contemplan una inversión conjunta de 10 millones de euros durante sus cuatro años de vigencia. En 2027 se desarrollarán las primeras fases de ambos planes

Además de la formación dirigida a los empleados públicos y el refuerzo del personal en este ámbito, se procederá al rediseño de 27 procedimientos administrativos, la mejora de la sede electrónica para hacerla más intuitiva y accesible y se identificarán de trámites susceptibles de convertirse en servicios proactivos para los ciudadanos, como las renovaciones automáticas de determinados derechos.

La Dirección General de Informática incrementará un 9 por ciento su presupuesto hasta superar 38 millones de euros para mejorar los principales servicios tecnológicos del Gobierno.

Durante 2027 se pondrá en marcha el núcleo de la transformación prevista en el Plan de Administración Digital y se dará continuidad a las actuaciones y ayudas dirigidas a los ayuntamientos para impulsar su administración digital.

En materia de función pública, además de la ejecución de los procesos selectivos de las ofertas de empleo público, el presupuesto 2027 recoge un millón de euros para financiar los compromisos derivados del IX Convenio Colectivo del personal laboral y una nueva subvención de 50.000 euros a Plena Inclusión Cantabria para apoyar la incorporación y el desarrollo profesional de personas con discapacidad intelectual en el empleo público.

Por su parte, el Instituto Cántabro de Administración Pública (ICAP) contará con más de 2,5 millones de euros, el presupuesto más elevado de su historia, con un incremento del 5 por ciento. Los fondos propios destinados a formación han aumentado un 47 por ciento desde el inicio de la legislatura.

Mejoras en sedes judiciales

Desde la Consejería que lidera Sáez Bereciartu se trabajará en la modernización de la Administración de Justicia y dispondrá de 2 millones para la mejora de los edificios judiciales y la gestión con especial atención en esta primera fase a la climatización de los inmuebles y la digitalización de la Administración judicial, junto a las mencionadas actuaciones necesarias para acondicionar la futura sede del Instituto de Medicina Legal.

En total, el presupuesto destinado a esta área alcanza los 49,6 millones de euros, con un incremento del 3,7 por ciento respecto a 2026.

Entre las prioridades figura culminar los compromisos adquiridos con los empleados públicos en el marco del Pacto para la Justicia de Cantabria, así como mantener la financiación de la asistencia jurídica gratuita, que contará con 3,4 millones de euros para los profesionales del turno de oficio.

En cuanto a las políticas de reconocimiento y apoyo a las víctimas del terrorismo, el presupuesto contempla 150.000 euros, una cantidad ampliable, para culminar el reconocimiento de las indemnizaciones derivadas de la modificación de la Ley de Víctimas del Terrorismo.

Respecto a la Administración de Justicia, ha confirmado que el decreto de la nueva Oficina Fiscal de Cantabria será aprobado esta semana por el Consejo de Gobierno, una norma que establecerán unidades específicas, competencias y la estructura orgánica del personal de justicia que está adscrito al Ministerio Fiscal en Cantabria. Nuestra comunidad era una de las pocas que aún no cuentan con esta oficina.

Seguridad y protección ciudadana

El tercer eje de actuación se centra en fortalecer el sistema de protección civil y gestión de emergencias de Cantabria y su capacidad de respuesta, uno de los proyectos estratégicos impulsados por el Gobierno autonómico durante la legislatura.

El presupuesto global en esta área asciende a 30,9 millones de euros, un 51 por ciento con respecto a 2023 (10,5 millones más).

Así, habrá un segundo helicóptero de apoyo para la extinción de incendios forestales y emergencias, se culminará la red de helisuperficies, se iniciará la construcción de un nuevo parque de emergencias en Valdáliga, y se contará con una nueva plataforma tecnológica para la gestión de las grandes emergencias.

35 bomberos funcionarios de carrera se incorporarán al servicio en 2027 y se mejorarán los parques de emergencia existentes, dentro del presupuesto del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA), que contará con un total de 18,3 millones de euros, de los que 4 millones son para inversiones.

El Fondo de Cooperación Municipal supera los 20 millones

Sáez Bereciartu ha subrayado que el Gobierno regional continuará «la apuesta por el municipalismo», mediante las líneas de ayudas a los ayuntamientos, mancomunidades y a las juntas vecinales y con el Fondo de Cooperación Municipal que supera por primera vez los 20 millones de euros, un 5,4 por ciento más que este año.

La Dirección General de Administración Local, Acción Exterior y Casas de Cantabria contará con un presupuesto de 25 millones de euros, un 2,8 por ciento más que en 2026 y un 14 por ciento superior al del inicio de la legislatura.

Asimismo, se refuerzan las inversiones municipales en infraestructuras, con un incremento conjunto de 70.000 euros en las partidas destinadas a nuevas dotaciones y reposición de las existentes, hasta alcanzar los 400.000 euros.

En la lucha contra la despoblación, se incrementa hasta los 320.000 euros la línea de ayudas para la adquisición de vehículos por parte de municipios en riesgo de despoblamiento.

También aumenta hasta los 648.456 euros la dotación para la instalación y mantenimiento de cajeros automáticos en estos municipios, coincidiendo con el nuevo periodo de gestión de la red para los años 2027-2031.

Se mantienen las subvenciones nominativas a las Casas de Cantabria y se incrementan las destinadas a cada uno de los centros regionales ubicados en la comunidad autónoma.