Gómez de Diego asegura que el objetivo para 2023 es atender toda la demanda de plazas en residencias

Santander- 10.11.2022

La Consejería de Empleo y Políticas Sociales, a través del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), tiene como objetivo, este 2023, atender toda la demanda de plazas en residencias y superar las 8.000 plazas de la oferta pública con la red de centros públicos y privados “cada vez más modernos, mejor dotados y con unas exigencias de calidad y de ratios de personal que cumplen todos los estándares europeos y con un modelo de cuidados personalizado”.

Así lo ha anunciado hoy la consejera Eugenia Gómez durante su comparecencia en el Parlamento de Cantabria para informar de los presupuestos de su departamento para el próximo año, un presupuesto de 446,6 millones de euros, con un aumento del 5,68% respecto al de 2022, lo que supone casi 24 millones más.

“Es un presupuesto para la mayoría social de esta región, destinado a fortalecer el Estado de Bienestar, protegiendo a las personas, impulsando el empleo y el acceso a la vivienda” ha dicho la titular de Empleo y Políticas Sociales quien ha destacado la importancia que en estas cuentas tiene la atención a la autonomía personal y atención a la dependencia, con 120 millones de euros, de los que 96 millones, van para las estancias concertadas.

Gómez de Diego ha explicado que esta partida se incrementa en 11 millones de euros respecto al presupuesto de este año, un 13% “para seguir ampliando las plazas concertadas, poder asumir los incrementos salariales de las trabajadoras del sector y mejorar la ratio de las profesionales en los centros de atención y residencias.”

Ha recordado que la legislatura se inició con cerca de 6.700 plazas concertadas en residencias y centros de día, hoy son 7.990 y se espera superar las 8.000 en 2023.

También ha hecho hincapié en que Cantabria es la única Comunidad Autónoma que ha asumido por Ley estos incrementos salariales “que son garantía de calidad en el servicio” y en ese sentido ha agradecido el compromiso de todos los grupos políticos que aprobaron en el Parlamento, por unanimidad, la modificación de la norma que lo hizo posible.

Tal y como ha explicado la consejera, las cuentas de su departamento para el próximo ejercicio tiene como objetivo seguir reduciendo la desigualdad social, desarrollando políticas de empleo para los colectivos más desfavorecidos, potenciando el acceso de los jóvenes al trabajo, mejorando la formación e incrementando el apoyo a los servicios sociales de atención primaria que gestionan los ayuntamientos, “para que nadie se quede atrás”.

Empleo, vivienda e igualdad social

En su comparecencia, Gómez de Diego se ha referido a los tres pilares que articulan la gestión: en lo social, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y la Dirección General de Políticas Sociales; en empleo, el Servicio Cántabro de Empleo (SCE), la Dirección General de Trabajo y el Instituto Cántabro de Salud y Seguridad en el Trabajo (ICASST) y en lo que tiene que ver con la vivienda, la Dirección General de Vivienda.

Además del crecimiento de la inversión para mejorar la atención a la autonomía personal y atención a la dependencia, ha indicado que la lucha contra la pobreza, los servicios sociales de los ayuntamientos, el impulso al tercer sector y la atención a la infancia, adolescencia y familia son las grandes líneas en materia de servicios sociales que se canalizan a través del ICASS, principalmente, con un presupuesto que supone más de la mitad del de toda la Consejería.

Su presupuesto para 2023 se eleva a 253,5 millones y suma un incremento respecto de este año 2022 de 14.107.237 euros (un 5,89%). No obstante, la cifra alcanza los 266,3 millones de euros al añadir los Fondos Europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Así, la partida destinada al Plan Concertado de Servicios Sociales de Atención Primaria que gestionan los ayuntamientos cuenta con una dotación de 18.375.000 euros, con un incremento en esta legislatura en 2,6 millones (17%). La cercanía en servicios sociales es, para la consejera, fundamental de ahí la apuesta “decidida” desde la Consejería y el ICASS por la colaboración con las entidades locales.

Por partidas, ha destacado el presupuesto destinado a la Renta Social Básica, con 18,4 millones de euros, que incluye el incremento del 15%, durante todo el próximo año, para hacer frente a la situación extraordinaria de inflación que padecemos, ya que “es importante proteger a las personas en situación de vulnerabilidad extrema”.

Se ha referido al impacto que han tenido en las políticas de su departamento los “acontecimientos extraordinarios” que se han vivido en esta legislatura, ya que cuando se estaba empezando a salir de la pandemia de la COVID y de sus consecuencias, se ha entrado de lleno en la crisis de precios e inflación derivaba de la guerra de Ucrania. “Desplegamos políticas para proteger a las personas más vulnerables y todo ello afecta de lleno a su desarrollo”, ha indicado.

Al margen de las estancias concertadas, ha destacado, también, las partidas de 20,8 millones que se destinan a las prestaciones para el sistema de atención a la dependencia; 14 millones para el Servicio de Ayuda a Domicilio, una partida que se ha ido incrementando durante toda la legislatura; 1,8 a la promoción de la vida autónoma; 700.000 euros para Teleasistencia; 690.000 para el Plan de acción a personas con discapacidad, entre otras.

También se ha referido a los 25 millones que destinará su departamento al tercer sector y los 11 millones que van para la atención a la infancia adolescencia y familia, que se incrementa un 7,35%.

Más formación especializada y programas de empleo joven

Por lo que respecta a los presupuestos destinados a empleo, 112,5 millones de euro, Eugenia Gómez de Diego ha dicho que siguen apoyando la formación en alternancia con el empleo, “especialmente dirigida a jóvenes”, la inclusión laboral de las personas con discapacidad en las empresas del mercado ordinario y la estabilidad en el empleo, “uno de los ejes principales de los programas, apoyando a las PYMES y favoreciendo a los grupos de personas con mayores dificultades”.

El 85,33 % del total del presupuesto, 88.372.870 euros, se enmarcan en el capítulo 4, transferencias corrientes, que incluye la mayor parte de programas y acciones tales como las Escuelas de Talento Joven que ya cuentan con más de 800 plazas de alumnado entre las dos convocatorias ya tramitadas o en tramitación; o 2 millones de euros que se incluyen por primera vez para formar en nuevas habilidades para un trabajo diferente o mejorar en el propio área (reskilling y upskilling), núcleo de las acciones que están reflejadas en el Plan de Empleo Joven.

Un presupuesto histórico en Vivienda

Por lo que respecta a Vivienda, los 64,6 millones de euros suponen un presupuesto “histórico para favorecer la rehabilitación y el acceso a las personas jóvenes, garantizar el acceso a vivienda a colectivos vulnerables y a hacer una apuesta decidida por el alquiler”.

De esta cantidad, 24,3 corresponden a los fondos europeos del MRR y una parte de ellos irá a impulsar la rehabilitación de vivienda en Cantabria “que significa mejorar la calidad de vida de la gente, impulsar un importante sector económico y generar empleo de cercanía y calidad”.

Del presupuesto de Vivienda ha señalado las destinadas a alquiler: 5,5 millones del Bono Joven y 3,9 millones para ayudas al alquiler ordinario; así como los fondos para la adquisición de vivienda pública (un total de 2,5 millones de euros), cuyo destino final es el alquiler social. También se incluye aquí el programa de ayudas extraordinarias para soluciones habitacionales de personas vulnerables que se incrementa de 200.000 a 500.000 euros.