La ley de Costas pone en riesgo la continuidad de un mínimo de 1.200 empresas y 25.000 empleos en Cantabria, según la Cámara de Comercio

-La entidad cameral, a petición de empresas afectadas, ha elaborado un estudio sobre el impacto socio-económico de la Ley de Costas que ha hecho llegar a los partidos políticos y a la Administración regional

-«Es absolutamente necesario, ineludible y urgente proceder a modificar la normativa y apoyamos la proposición de ley presentada en el Senado por el Partido Popular, apoyo que ya han manifestado otras entidades y agentes sociales, y que debería asumirse por los demás partidos y por el Gobierno Regional de Cantabria», ha afirmado Piñeiro

En Cantabria hay un mínimo de 1.200 empresas afectadas por la Ley de Costas, que podrían llegar a 1.800. Esto supone más de 4 empresas por kilómetro de costas y alrededor de un 4% del total de empresas de Cantabria. Representan el 15% de las que facturan más de un millón de euros. Estas son algunas de las principales conclusiones de un estudio sobre el impacto socio-económico de la Ley de Costas presentado hoy por el presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Modesto Piñeiro.

El estudio ha sido realizado en colaboración con la consultora Saciva y con el bufete de abogados Gómez Acebo y Pombo y a petición de empresas afectadas, con la intención de «conocer de una forma real y veraz las consecuencias de la aplicación de la Ley y así poder ejercer presión sobre las Administraciones competentes para que haya una reforma de esta ley».

La Cámara de Comercio de Cantabria ha hecho llegar este informe a la Administración regional (al presidente y a la vicepresidenta del Gobierno regional, así como a las Consejerías de Industria y Desarrollo Tecnológico; Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo; Medio Ambiente; Economía y Hacienda; y Cultura, Turismo y Deporte), y también a los partidos políticos con representación parlamentaria, para que «conozcan en profundidad los graves perjuicios que la Ley de Costas acarrea y va a acarrear a la economía de la región. Y puedan, en consecuencia, promover la reforma de esta norma, que, a juicio de la Cámara de Comercio de Cantabria, es injusta e insostenible».

Para la realización del estudio se delimitó en primer lugar el alcance de la Ley de Costas en Cantabria, cuyo litoral se extiende a lo largo de 285 kilómetros. Después se determinó el censo de empresas afectadas, segmentadas por tipología de empresa. Posteriormente se realizó una encuesta a 305 empresas afectadas por esta norma.

Según el estudio de la Cámara de Cantabria,los principales efectos que produce la Ley de Costas sobre el tejido empresarial de la región son:

–Cierres con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y de valor añadido a la economía de Cantabria. La región podría llegar a perder un mínimo de 1.200 empresas cuyo valor de facturación es de aproximadamente 6.000 millones de euros y que generan más de 25.000 puestos de trabajo. De estos 25.000 empleos, 16.000 son directos y 9.000 indirectos.

Por tipología, más de 500 empresas son industriales, como mínimo 120 están dedicadas directa o indirectamente a la construcción, más de 260 son comercios, aproximadamente 220 negocios están relacionados con la hostelería y el turismo, así como más de 100 empresas dedicadas a otros servicios.

–Reubicaciones, que conllevan grandes inversiones muy difíciles de asumir por la mayoría de las empresas.

–Paralización de inversiones, lo que reduce la competitividad de las empresas y ralentiza o incluso frena completamente su crecimiento. El volumen económico identificado de las pérdidas y la paralización de inversiones supera los 65 millones de euros.

Graves problemas de financiación bancaria por la incertidumbre de encontrarse ubicadas en terrenos afectados por la Ley de Costas.

-El 15,4% de los afectados asegura haber empezado alguna inversión en infraestructuras en los últimos 12 meses que posteriormente ha sido paralizada. El volumen de pérdidas por esta paralización declarado por las empresas analizadas es superior a los 9 millones de euros.

-Cerca del 7% de las empresas afectadas están actualmente realizando alguna inversión en infraestructuras que prevén sea paralizada en los próximos meses. El volumen de pérdidas por esta causa declarado por las empresas analizadas es superior a los 11 millones de euros. Las pérdidas por costes de oportunidad se fijan en más de 15 millones de euros.

-El 24,6% de los afectados tiene previsto invertir en infraestructuras en los próximos meses. El volumen económico declarado de estas inversiones supera los 64 millones de euros en las empresas analizadas.

-Hay otro 14% de las empresas afectadas que no han planificado inversiones para los próximos meses precisamente a causa de la incertidumbre que provoca la Ley de Costas.

Según el informe, las zonas afectadas se caracterizan por ser polígonos industriales o terrenos concesionados para la ubicación de empresas medianas o grandes. De ahí que estén afectadas por la Ley de Costas grandes empresas con un gran valor añadido económico para la región como son: Solvay, Sniace, Equipos Nucleares, Piscifactoría Tina Menor, Global Steel Wire, Ferroatlántica, Derivados del Fluor, B3 Cable Solutions, etc. Así como a polígonos industriales con una importante actividad económica como son: Polígono de Raos, Requejada, Pesquera, Marismas, Heras o Mies de San Juan.

Una de las consecuencias más preocupantes que se puede derivar de la aplicación de la Ley de Costas es el cierre de algunas empresas, a las cuales les es imposible la reubicación en otras zonas. «Esta imposibilidad se debe a que, en algunos casos, se trata de actividades que sólo se pueden desarrollar en zonas con contacto directo con el mar, bien porque interactúan con el medio marítimo o bien porque la logística de su producción depende del transporte por agua. En otros casos, el motivo del cierre es el coste tan elevado que supondría el traslado ya que hablamos de instalaciones de cientos o miles de millones cuya reposición en otras zonas, a precios actuales, sería inviable asumir por parte de las empresas afectadas», ha explicado el presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, que ha comparecido acompañado por el socio director de Saciva, empresa consultora responsable del estudio, Luis Marina; y por el director del Área de Industria, Innovación y Medio Ambiente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Martín Silván.

Desde el punto de vista de las inversiones, ha explicado Piñeiro, «existe una incertidumbre generalizada que lleva a la mayoría de las empresas a paralizar toda iniciativa de mejora, ampliación o restitución de instalaciones o elementos que se encuentren al final de su vida útil. Este hecho puede incluso derivar en una pérdida de competitividad y un coste de oportunidad muy elevado, pero dada la inseguridad existente, las empresas prefieren no asumir el riesgo de incurrir en unas inversiones que no van a recuperar económicamente al verse afectadas por la Ley de Costas».

Para realizar el informe se encuestó a 305 afectados, que, además de dar detalles de cómo está afectando la Ley de Costas a sus negocios, también expresaron su opinión sobre la normativa:

-El 60% de las empresas afectadas no están de acuerdo con la obligaciones exigidas en la Ley de Costas.

-7 de cada 10 afectados aseguran que la aplicación de esta Ley afectaría mucho o bastante a sus negocios.

-La valoración media otorgada por los afectados a la Ley alcanza los 2 puntos en una escala de valoración de 0 a 10.

-El 41,5% de los afectados afirma que tiene intención de adoptar medidas legales al respecto.

-El 78,7% de los afectados por la aplicación de la Ley no es consciente este hecho.

La Cámara de Comercio de Cantabria es directamente contraria a los excesos derivados de la Ley de Costas por los perjuicios que se derivan directamente de ella para la economía y la sociedad de Cantabria.

«Nuestra oposición a la Ley de Costas se concreta muy específicamente en ciertos aspectos fácilmente evitables y que en nada perjudican al espíritu proteccionista que inspira la Ley. Nada más lejos de nuestra intención que dar palio al desarrollismo urbanista descontrolado que tanto perjuicio ha causado al medio ambiente de España y que, a largo plazo, ha socavado un recurso turístico de primera magnitud, como es la calidad ambiental de su litoral y su paisaje», ha matizado el presidente de la Cámara.

Es por ello que, ha añadido «entendemos absolutamente necesario, ineludible y urgente proceder a modificar la normativa en su régimen transitorio para que permita la existencia de las explotaciones, usos y ocupaciones anteriores a 1988, y en este sentido apoyamos la proposición de ley presentada en el Senado por el Partido Popular, apoyo que ya han manifestado otras entidades y agentes sociales, y que debería asumirse por los demás partidos y por el Gobierno Regional de Cantabria».

Piñiero ha destacado también a oportunidad de asumir la posibilidad de ampliar los usos del dominio público marítimo terrestre para dar cabida en el mismo a necesidades compatibles con el desarrollo sostenible, examinando su posible uso con criterios objetivos, caso por caso y utilizando para ello tanto la técnica de la Evaluación de Impacto Ambiental como la aplicación de las mejores tecnologías disponibles, asegurando así un aprovechamiento racional y sostenible del dominio público marítimo terrestre.

Recomendaciones legales para los afectados

El estudio ofrece también una serie de consideraciones legales que los empresarios afectados deben tener muy en cuenta en estos momentos, cuando la Dirección General de Costas del Ministerio de Fomento lleva a cabo el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre. Es decir, la delimitación geográfica de qué terrenos de costa son dominio público-terrestre.

Según el estudio, las restricciones que impone la Ley de Costas a estos terrenos pueden culminar en la pérdida de la propiedad del terreno o en la demolición de las instalaciones, por lo que el momento del deslinde juega un papel esencial para los propietarios de los posibles terrenos afectados para la defensa de sus derechos.

Según Luis Marina, en la encuesta se detectó que un 78% de las empresas afectadas desconocían este hecho, por lo que es de «suma importancia» que lo sepan y actúen.

Por esta razón, el estudio encargado por la Cámara de Comercio de Cantabria recomienda a los propietarios:

–Conocer a fondo el funcionamiento del procedimiento de deslinde, así como de las actuaciones a realizar.

-Mostrarse muy activos y diligentes durante la tramitación del procedimiento de deslinde y apeo del dominio público marítimo-terrestre.

–Oponerse a cualquier deslinde que pudiera afectar a sus derechos y que no estuviera adecuadamente tramitado y justificado.