Media denuncia una nueva ocupación de una vivienda pública en Torrelavega 24 horas después de haberla recuperado

Santander- 30.04.2026

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha denunciado hoy una nueva ocupación de una vivienda perteneciente al parque público de Cantabria, ubicada en Torrelavega, tan solo unos días después de producirse un episodio similar en Orejo.

«Es una vergüenza lo que está pasando y la desprotección de la propiedad privada es absoluta en este país», ha expresado Media, que ha calificado como «surrealista» la situación de ocupación de esta nueva vivienda que, tal y como ha explicado, se ha producido en menos de 24 horas desde que el Gobierno de Cantabria lograse recuperarla tras un largo procedimiento judicial, iniciado en 2023, por impagos durante más de dos años de sus inquilinos.

En concreto, ha explicado que las personas que residían en esta vivienda desde mayo de 2022 dejaron de abonar el alquiler hasta acumular una deuda superior a los 9.300 euros. Ante esta situación, el Ejecutivo autonómico inició los primeros expedientes de reclamación en 2023, que derivaron en un procedimiento judicial favorable para la Administración. Finalmente, fue este pasado martes cuando se produjo el lanzamiento, con la presencia de la comisión judicial, y técnicos de Gesvicán procedieron al cambio de cerraduras del inmueble y el trastero.

«Esta es la cruda realidad. Desde la Administración hemos tardado meses en desalojar a unos inquilinos que no pagaban, y menos de 24 horas después de que un juzgado les obligue a salir, nos han vuelto a ocupar la vivienda», ha denunciado, tras relatar que al día siguiente del desalojo, trabajadores de Gesvicán volvieron al inmueble para comprobar su estado y ponerla de nuevo en condiciones para alquilarla «cuando comprobaron que alguien había vuelto a cambiar el bombín de la cerradura y la vivienda volvía a estar ocupada ilegalmente».

El consejero ha señalado que, tras tener conocimiento de los hechos, se puso en conocimiento de la Policía Nacional que, como la pasada semana en Orejo, trasladó su imposibilidad de desalojar la vivienda «porque no tienen herramientas legales para hacerlo». Ante esta situación, ayer mismo se presentó la correspondiente denuncia para iniciar el procedimiento judicial.

El consejero ha lamentado que esta situación afecte especialmente a aquellas personas que se encuentran en lista de espera para poder acceder a una vivienda del parque público, a un precio accesible «que tendrán que seguir esperando porque se ha ocupado «y no podemos hacer nada para echarles».

La ocupación: «un problema real»

«La ocupación es un problema real que le puede afectar a cualquiera y que te deja absolutamente desprotegido», ha afirmado, tras referirse a los últimos datos de ocupación en Cantabria en 2025 «donde hemos registrado las cifras más altas de los últimos años».  

Una situación que es «doblemente indignante», según ha explicado, ya que por un lado afecta a la Administración, a la que ocupan una vivienda y no puede hacer nada para desalojarla, y, por otro, al posible inquilino, una persona a la que los ocupas «le quitan la oportunidad de disfrutar de una vivienda digna».

Además, ha asegurado que lo sucedido en Torrelavega y Orejo «no son hechos aislados», poniendo como ejemplo las 8 viviendas ocupadas con sentencias de derribo en Argoños desde 2022, y tras la indemnización a sus propietarios. Pese a ello, ha asegurado que no ha sido posible desalojarlas, una situación que ha vuelto a atribuir a la actual Ley de Vivienda, que ha dado la razón a los okupas al considerar que no existía vocación de permanencia, «al tratarse ocupaciones rotatorias y sin estancia fija».

Y ha recordado que el Ejecutivo se ha visto obligado a contratar servicios de vigilancia y seguridad privada en diferentes promociones, con el consiguiente coste económico para todos los cántabros, «que no puede ser la solución».

Llamamiento al delegado del Gobierno

El consejero ha definido como «vergüenza» esta situación, «el resultado de una ley socialista que protege al delincuente y deja absolutamente abandonado al propietario».

«Una norma que permite atropellos como estos y que quita todos los derechos a los propietarios», ha asegurado, al tiempo que genera una situación de «impotencia terrible» a los cuerpos y fuerzas de seguridad, quienes no disponen de ninguna herramienta legal para desalojas a estas personas.

En este sentido, ha lamentado que el delegado del Gobierno, Pedro Casares, no se haya pronunciado en la última semana sobre este asunto, lo que, a su juicio, responde a que «desmonta todo su discurso y el de su partido».

Además, ha asegurado que ayer mismo le envió un correo electrónico, del que aún no ha tenido respuesta, para que cumpla con sus competencias, «haga algo y no mire para otro lado».

Media ha insistido en la necesidad de derogar esta ley, «responsable» de que, desde su aprobación, hayan desaparecido del mercado más del 35% de los pisos que había en el mercado del alquiler y que los precios no paren de subir.

Por otro lado, ha tildado de «incoherencia y doble moral» la actitud del Gobierno de España, en relación a varias promociones de la SAREB «que ha preferido» vender a un promotor privado en lugar de al Ejecutivo cántabro. «Mientras hablan de derechos y de proteger a los vulnerables, hace negocio vendiendo inmuebles a inversores privados», ha concluido.