Media destaca que la futura Ley de Control Ambiental mantendrá todas las garantías medioambientales con una tramitación «infinitamente más dinámica y sencilla»

Santander- 20.09.2024

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha presidido hoy el Consejo Asesor de Medio Ambiente y ha informado a sus miembros del contenido, tanto del anteproyecto de la Ley de Control Ambiental con el que el Gobierno de Cantabria pretende mantener todas las garantías medioambientales con una tramitación «infinitamente más dinámica y sencilla», como de la Estrategia Cántabra de Bioeconomía y Economía Circular.

Los miembros del Consejo han tomado conocimiento de ambos textos y algunos de ellos han realizado algunas sugerencias, agradeciendo la redacción de ambos documentos legales y su contenido.

Durante su intervención, Media ha informado de que el Ejecutivo autonómico ha introducido una serie de cambios en el borrador de proyecto de Ley de Control Ambiental redactado en la anterior legislatura sobre una normativa aprobada hace 18 años y que se ha quedado «obsoleta» y «superada» por los cambios normativos con el fin de «ser mucho más ambiciosos» en la mejora de todos los trámites administrativos que, en su opinión, «hoy ahogan a los ciudadanos, manteniendo siempre el respeto más absoluto a los controles que la Administración debe ejercer en el ámbito del medio ambiente».

«Estamos trabajando para hacer todos los cambios legislativos necesarios para conseguir el mejor funcionamiento de la Administración y, sobre todo, para beneficiar y reducir la burocracia a la que se enfrentan cada día los ciudadanos y las empresas de la región», ha asegurado Media, quien ha puntualizado que esta futura ley va en la línea de lograr la máxima simplificación de la Administración pública y ha confiado en aprobar esta normativa en el Parlamento «con el máximo consenso posible».

Tal y como ha explicado, la futura Ley de Control Ambiental persigue alcanzar «el máximo» nivel de protección del medio ambiente, simplificar los trámites administrativos en materia ambiental y establecer un control administrativo ambiental previo a la implantación y puesta en marcha de determinadas instalaciones, proyectos y actividades, seguido de una supervisión posterior de su funcionamiento o ejecución.

También impulsar la corresponsabilidad público-privada en la protección del medio ambiente, regular las actuaciones para la restauración de la legalidad ambiental mediante la imposición de medidas correctoras y desarrollar instrumentos y mecanismos que faciliten la participación social y el acceso de los ciudadanos a la información ambiental.

Agilizar los trámites administrativos

Ha insistido en que la motivación de esta ley es agilizar todos los trámites administrativos con el fin de descargar de trabajo redundante a los funcionarios, evitando duplicidades y facilitando las gestiones a ciudadanos y empresas, siendo una norma «más útil, más clara y de aplicación ágil» con el fin de dar una respuesta «más rápida», tanto a las necesidades de la administración como a las de la ciudadanía.

Ha explicado que esta nueva norma presenta la «gran» novedad que supone la figura de la declaración ambiental responsable para proyectos de «escasa relevancia ambiental», a los cuales les bastará con que el interesado y el técnico competente, bajo su responsabilidad, presenten una declaración responsable, indicando que cumplen con todos los requisitos establecidos en la norma.

«Esta simplificación permite que el afectado no tenga que estar meses esperando un informe para poner en marcha su actividad, con el perjuicio que eso puede suponer, al tiempo que se mantienen todas las garantías medioambientales que tiene que exigir la Administración», ha señalado el consejero, quien también ha explicado otra de las principales novedades introducidas en el texto consistente en la sustitución de la Comisión de Comprobación Ambiental por un informe de carácter preceptivo y vinculante de la Dirección General de Medio Ambiente para aquellas iniciativas de mayor envergadura, y que será previo a cualquier actuación urbanística.

Además, con la nueva ley será la Comunidad Autónoma la responsable de otorgar las Autorizaciones Ambientales Integradas (AII) y las Evaluaciones Ambientales, y de emitir los informes de comprobación ambiental, descargando así de trabajo a los ayuntamientos, que tendrán la competencia de vigilar y controlar las actividades sujetas a comprobación ambiental.

También recoge la posibilidad de poner en marcha medidas cautelares urgentes para aquellos casos en los que sea necesaria una inmediata actuación ante un riesgo grave. En estos casos, ha precisado que la administración se reserva la facultad de paralizar la actividad, precintar tanto las instalaciones como la maquinaria e, incluso, retirar y decomisar los productos.

Asimismo, la ley incrementa las cuantías de las sanciones, que pueden ir desde los 200 euros, en el caso de las leves, hasta los 500.000 euros, para las muy graves.

«Hemos hecho un trabajo exhaustivo para impulsar una nueva Ley de Control Ambiental que va en la línea de la Ley de Simplificación Administrativa, y que nos ayudará a seguir impulsando la actividad económica en Cantabria porque necesitamos normas claras, rápidas y una gestión eficiente», ha afirmado Media.

Estrategia Cántabra de Bioeconomía y Economía Circular

Por otro lado, el consejero ha informado de la tramitación burocrática en la que está trabajando su departamento para crear una Estrategia Cántabra de Bioeconomía y Economía Circular con fin de contribuir a la consecución de las metas y objetivos climáticos y ambientales que tanto España como la Unión Europea se han planteado para 2030 y 2050.

Así, se ha referido a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y los residuos plásticos, la mejora de la eficiencia en el uso del agua, la instauración de una economía «completamente» circular y el impulso de la transición del actual sistema de modelo productivo hacia un modelo más ecológico y respetuoso con el medio ambiente.

Para ello, ha avanzado, el documento contiene hasta 70 acciones directas con el sector primario, el turismo, la gestión de los residuos o la construcción, y prevé una inversión inicial de casi 400 millones de euros hasta el año 2030 entre fondos propios y fondos de la Unión Europea.

El consejero ha estado acompañado por el director general de Medio Ambiente, Alberto Quijano, en un acto al que también han asistido los directores de la empresa pública MARE, Pedro Ruiz, y del Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA), Patricio Martínez.