Pascual cuestiona la viabilidad del actual anteproyecto de Estatuto Marco y reclama una norma «viable, factible y con presupuesto»

Santander- 30.07.2025

El consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, César Pascual, ha mostrado su rechazo al actual nivel de desarrollo del anteproyecto de reforma del Estatuto Marco, durante la reunión convocada por el Ministerio de Sanidad con los representantes autonómicos.

Pascual ha considerado la reunión carente de sentido estratégico y ha señalado que «responde más a una necesidad mediática que a una voluntad real de diálogo».

En su intervención, ha advertido que el anteproyecto no se puede analizar desde una óptica meramente sectorial o técnica, sino que requiere un abordaje interministerial, especialmente con Hacienda y Función Pública, dada la envergadura de los cambios y el impacto financiero que conllevan.

«Esto no va de retribuciones, va de sostenibilidad amputada. Este texto puede convertirse en un misil directo al sistema sanitario tal y como lo conocemos», ha afirmado.

Según el consejero, cada nuevo borrador del anteproyecto profundiza en propuestas sin respaldo económico claro y con implicaciones que alteran de facto derechos laborales previamente reconocidos, muchos de ellos fruto de acuerdos sindicales.

«Establecer derechos cuesta dinero y negarlo es un insulto a la realidad», ha asegurado, al tiempo que ha apuntado que el coste cifrado por el Ministerio de 400 millones «no se sostiene como cifra objetiva».

En este sentido, Pascual ha indicado que «en su estado actual, Cantabria no puede respaldar el ante proyecto por dos motivos principales: inviabilidad económica y falta de profesionales suficientes para abordar los cambios organizativos que se plantean».

Pascual ha dejado claro que «Cantabria siempre ha apostado y apuesta por un nuevo Estatuto Marco que mejore los derechos de los profesionales, pero que sea viable, factible y con presupuesto».

Además, ha advertido que las condiciones laborales en Cantabria «se encuentran entre las más avanzadas del Estado», y que «la Comunidad no podría asumir el coste político ni económico de revertir acuerdos laborales consolidados sin el correspondiente soporte presupuestario».

«Nos piden que seamos las comunidades autónomas quienes eliminemos derechos laborales con el pretexto de la modernización», ha opinado el consejero, reiterando que «no vamos a asumir ese coste sin garantías».

«Estamos construyendo castillos normativos sin saber si hay ladrillos», apuntando que «no hay presupuestos, no hay posición de Hacienda y sin financiación real  no tiene sentido esta reunión ni esta propuesta».

El consejero también ha recordado que España tiene bloqueados 1.100 millones de euros por parte de la Unión Europea por incumplimientos en materia de temporalidad, y «sin embargo, el Gobierno central impulsa una reforma sanitaria estructural sin respaldo presupuestario ni hoja de ruta definida».