Silva solicitará comparecer en el Parlamento de Cantabria para analizar los resultados de PISA 2025, ante la inacción por parte del Gobierno de España

Santander- 28.05.2026

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades del Gobierno de Cantabria, Sergio Silva, ha participado este viernes en la Conferencia Sectorial de Educación convocada por el Ministerio de Educación, un encuentro en el que ha trasladado la preocupación del Ejecutivo cántabro ante los resultados del informe PISA 2025, «que constatan un suspenso rotundo del sistema educativo nacional, con la LOMLOE como punta de lanza de un sistema agotado». En ese sentido, ha anunciado su voluntad de comparecer, a petición propia, en el Parlamento de Cantabria para analizar su alcance y las medidas que permitan afrontar esta situación.

Silva ha explicado que el objetivo de esta comparecencia es «analizar la situación para encararla con responsabilidad», desde la convicción de que los resultados educativos responden a múltiples factores y exigen una reflexión profunda por parte de todas las administraciones implicadas. «La LOMLOE y el resto de factores que influyen en la enseñanza, deben ser analizados en profundidad», ha puntualizado el consejero.

«Somos conscientes de que hay muchos factores que rodean estos resultados y no podemos mirar para otro lado. Nuestra obligación es analizar lo que está ocurriendo, asumir responsabilidades y trabajar para mejorar», ha señalado.

El consejero ha lamentado la ausencia de una respuesta coordinada por parte del Gobierno de España, ante unos datos que considera especialmente preocupantes en el conjunto del país. «Nos encontramos ante una auténtica emergencia educativa nacional», ha afirmado Silva, quien ha recordado que España registra los peores resultados de su serie histórica desde que participa en el informe PISA hace más de dos décadas.

Para el titular de Educación, estos resultados deberían haber provocado la apertura de un gran debate nacional sobre la evolución de la educación en España, liderado y coordinado por el Gobierno de la nación. «Estamos ante una cuestión de Estado y, por lo tanto, corresponde al Gobierno de España impulsar una reflexión compartida con las comunidades autónomas y liderar una respuesta que esté a la altura del desafío educativo que tenemos por delante», ha subrayado.

Formación Profesional

Siguiendo con los distintos puntos incluidos en el Orden del Día, Cantabria también se ha pronunciado sobre el reparto territorial de los fondos vinculados al Programa EFESO para el impulso y mejora de la Formación Profesional.

En este sentido, el consejero ha defendido que la distribución de recursos debe ir acompañada de una evaluación rigurosa de los resultados y de una planificación estratégica que permita resolver los problemas detectados durante la implantación de la nueva Formación Profesional.

Silva ha lamentado que el Ministerio continúe priorizando el reparto de fondos sin abordar cuestiones fundamentales como la falta de coordinación con las comunidades autónomas, la ausencia de indicadores comunes para medir resultados o las dificultades que siguen encontrando los centros y las empresas para desarrollar la FP Dual.

También ha señalado la necesidad de culminar instrumentos previstos en la propia Ley Orgánica de Formación Profesional, como la Estrategia General de Orientación Profesional, antes de seguir incorporando nuevas obligaciones a las comunidades autónomas.

A pesar de estas reservas, Cantabria respaldó la propuesta para no quedar excluida del reparto de fondos destinado a la Formación Profesional.

Educación inclusiva

Otro de los asuntos abordados fue la aprobación del Plan Estratégico de Educación Inclusiva impulsado por el Ministerio.

Durante su intervención, Silva recordó que Cantabria ya cuenta con una estrategia propia, «Cantabria es Inclusión», presentada a principios de 2025 y acompañada de un importante esfuerzo inversor y de ampliación de recursos especializados en este ámbito. De este modo, destacó el incremento de profesionales de apoyo, el refuerzo de los equipos de orientación, la puesta en marcha de nuevos recursos especializados para alumnado con trastorno del espectro autista o altas capacidades y la ampliación de las aulas de educación especial en centros ordinarios, entre otras iniciativas.

El Gobierno cántabro comparte el objetivo de avanzar hacia un sistema educativo más inclusivo y la conveniencia de disponer de un marco común para todas las comunidades autónomas. Sin embargo, considera que el documento presentado por el Ministerio presenta importantes carencias, entre ellas la ausencia de memoria económica, la falta de concreción operativa y una visión excesivamente vinculada a la escolarización ordinaria como única fórmula de inclusión.

Por ello, Cantabria solicitó la retirada del texto para elaborar una nueva propuesta acompañada de financiación suficiente y respetuosa con las competencias autonómicas. Ante la negativa del Ministerio, votó en contra de su aprobación.

Rechazo a la reforma de ratios en Educación Infantil 0-3 años

Asimismo, el consejero mostró la oposición de Cantabria a la propuesta de modificación del Real Decreto 132/2010 relativo a las condiciones mínimas de los centros educativos, especialmente en lo referente a las nuevas ratios planteadas para la etapa de 0 a 3 años.

Según explicó Silva, la propuesta ministerial reduciría de forma drástica el número de alumnos por aula sin acompañar la medida de una memoria económica que permita asumir el incremento de personal y de infraestructuras necesario para aplicarse en las comunidades autónomas.

La Consejería considera que la medida pone en riesgo la actual oferta educativa, tanto pública como privada, y puede afectar negativamente a la escolarización temprana y a la conciliación de las familias.

En el caso de Cantabria, el consejero puso como ejemplo las aulas de dos años actualmente en funcionamiento, donde la aplicación de los nuevos límites provocaría una pérdida muy significativa de plazas disponibles.

«Compartimos el objetivo de mejorar la calidad educativa, pero no se puede legislar de espaldas a las comunidades autónomas ni aprobar nuevas obligaciones sin garantizar los recursos necesarios para cumplirlas», ha señalado.

Silva ha reclamado al Ministerio «más diálogo, más respeto institucional y más corresponsabilidad financiera», recordando que las comunidades autónomas asumen cerca del 90 por ciento del gasto educativo en España.

Como conclusión, el consejero ha defendido la necesidad de recuperar espacios de cooperación real entre el Ministerio y las comunidades autónomas.

«No es suficiente con aprobar estrategias, planes o nuevas normas. Las políticas educativas exigen planificación, evaluación, diálogo y financiación. No se puede seguir instalando una dinámica de ‘invito yo y pagas tú’ cada vez que se impulsa una nueva iniciativa desde el Gobierno de España».