Urrutia valora el esfuerzo colectivo que ha permitido culminar el nuevo modelo organizativo de la justicia en Cantabria pese a la falta de apoyos del Ministerio

Santander- 24.06.2026

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha destacado hoy el esfuerzo conjunto de todos los operadores jurídicos que ha permitido a Cantabria culminar la implantación del nuevo modelo organizativo de la Administración de Justicia, una de las transformaciones más profundas acometidas en las últimas décadas en este servicio público.

Durante la inauguración de las XVII Jornadas de Derecho Procesal Civil, organizadas por el Consejo General del Poder Judicial con la colaboración de la Dirección General de Justicia y Víctimas el Terrorismo del Gobierno autonómico, Urrutia ha subrayado que la comunidad ha logrado cumplir los objetivos marcados pese a las dificultades derivadas de una reforma impulsada por el Gobierno de España «en plazos muy breves, sin financiación y sin apoyo técnico ni logístico del Ministerio de Justicia».

En este contexto, ha asegurado que el Gobierno cántabro requerirá al Estado que abone el coste de la implantación del nuevo modelo judicial, que alcanza hoy los 2,4 millones de euros, una adaptación que, como ha recordado, ha puesto «en jaque durante un año» a la Administración de Justicia y a todos sus operadores.

«No ha sido una legislatura fácil para la Justicia», ha afirmado la consejera, quien ha recordado que la implantación de los tribunales de instancia y de la nueva oficina judicial ha obligado a la comunidad a adaptar en tiempo récord estructuras, procedimientos, sistemas tecnológicos y espacios de trabajo en todos los partidos judiciales de Cantabria.

Sin embargo, ha opinado que Cantabria puede afirmar hoy que «ha hecho las cosas bien», aunque queden «flecos», y ello, ha insistido, es gracias al compromiso de jueces, magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, abogados, procuradores, graduados sociales, psicólogos y del conjunto de profesionales implicados en el funcionamiento diario de la Administración de Justicia.

En este sentido, ha agradecido expresamente la implicación de todos ellos y ha resaltado que los últimos indicadores reflejan ya una progresiva normalización de la actividad judicial «a niveles equivalentes del año 2025», tras la implantación del nuevo modelo hace casi un año en siete partidos judiciales, y el 30 de junio hará seis meses en el caso de los tribunales de Santander.

Defensa de la independencia judicial

Durante su intervención en las jornadas, la consejera de Justicia también ha trasladado el respaldo del Gobierno de Cantabria a jueces y magistrados ante los cuestionamientos que están recibiendo en el ejercicio de sus funciones por parte del Gobierno de España, algunos partidos políticos y representantes institucionales.

Frente a ello, ha reafirmado el «absoluto respeto» del Ejecutivo autonómico al Poder Judicial como poder constitucional del Estado y ha defendido la necesidad de preservar su independencia como uno de los pilares esenciales del sistema democrático.

El Gobierno de Cantabria mantiene «un apoyo inquebrantable y sin fisuras a todos los jueces y magistrados ante los ataques y agravios que vienen sufriendo como colectivo», ha señalado.

En este contexto, Urrutia ha señalado que la defensa de la independencia judicial también se materializa en el compromiso del Gobierno regional por dotar a la Administración de Justicia de los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

La consejera de Presidencia y Justicia ha recordado que la implantación del nuevo modelo organizativo ha coincidido con el desarrollo del primer Pacto para la Justicia de Cantabria, firmado en julio de 2024 por todos los operadores jurídicos de la comunidad.

Según ha explicado, el balance realizado esta semana con los firmantes del pacto refleja un elevado grado de ejecución de los compromisos adquiridos y la consolidación de numerosas medidas destinadas a modernizar el servicio público de Justicia.

Entre ellas, ha destacado la inversión de 5,7 millones de euros en transformación digital, destinada a la adquisición de equipos informáticos, sistemas de videograbación y videoconferencia para salas de vistas, modernización tecnológica de las oficinas judiciales y de las oficinas de justicia en los municipios, digitalización de los libros de los registros civiles posteriores a 1960 y adaptación del sistema de gestión procesal VEREDA al nuevo modelo organizativo.

Próximos retos y mejoras

De cara a futuro, la consejera ha avanzado que el Gobierno seguirá impulsando nuevas actuaciones para profundizar en la modernización de la justicia cántabra.

Entre los principales objetivos citados por Urrutia figura la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para facilitar la tramitación procesal, la mejora de la formación de los empleados públicos en el uso de las aplicaciones informáticas judiciales y, en especial, ha destacado la mejora de los servicios prestados por los equipos psicosociales.

Respecto a ello, ha reafirmado el compromiso de mejora de estos servicios para superar los retrasos y problemas que surgen en determinadas causas judiciales y ha avanzado que dentro de poco los equipos psicosociales dependerán del Instituto de Medicina Legal, lo que permitirá, a su juicio, «coordinar y actuar mucho mejor».

Finalmente, Urrutia ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico con la Administración de Justicia y con sus profesionales, un compromiso que «sigue más vigente que nunca», y ha reiterado que la modernización y mejora del sistema solo puede abordarse desde la colaboración permanente con todos los operadores jurídicos.

A este acto de inauguración también han asistido, entre otros, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) y director de las jornadas, José Arsuaga; el fiscal superior, Jesús Arteaga, y el director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo del Gobierno cántabro, Juan Sáez Bereciartu. También ha intervenido, como directora del curso, la abogada y expresidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega.