19 acusados y dos causas de gran alcance llegan a la Audiencia de Cantabria

Nueve personas serán juzgadas por presunto tráfico de cocaína y otras diez, por una trama de préstamos hipotecarios y compraventas fraudulentas que habría obtenido cerca de 1,5 millones de euros.

10 octubre 2026

La Audiencia Provincial de Cantabria celebrará desde el martes 13 de octubre dos juicios con 19 acusados en total. Uno aborda un presunto grupo dedicado al tráfico de cocaína y el otro, una trama que habría obtenido financiación bancaria mediante documentación falsa para comprar viviendas y solicitar créditos personales.

Nueve acusados por presunto tráfico de cocaína

La Sección Primera juzgará a nueve hombres acusados de formar un grupo criminal que, según la Fiscalía, trasladaba cocaína a Cantabria desde otras comunidades autónomas. El juicio comenzará el martes 13 de octubre a las 9.30 horas y está previsto que se prolongue hasta el día 15.

De acuerdo con el escrito del Ministerio Fiscal, los acusados se repartían tareas de dirección, transporte, venta al menudeo y custodia de la droga. Dos transportistas fueron detenidos con cinco kilos de cocaína ocultos en un vehículo y otros dos, con un kilo.

La Fiscalía solicita penas de entre cinco y diez años de prisión para los acusados, además de multas. A uno de ellos también le atribuye un delito de tenencia ilícita de armas y a otro, un delito de atentado por morder presuntamente a un agente durante su detención.

Una presunta trama de créditos y compraventas

A las 10.00 horas del mismo martes comenzará el juicio contra diez personas acusadas de participar en una trama que habría obtenido préstamos hipotecarios y personales con documentación falsa. El procedimiento está señalado también para los días 14, 15, 16, 19, 26, 28, 29 y 30 de octubre, y 4, 5 y 6 de noviembre.

Según la Fiscalía, la principal acusada buscaba viviendas y preparaba documentos que aparentaban acreditar la solvencia de los compradores. La acusación sostiene que en algunas operaciones se inflaba el precio escriturado y que, tras alquilar los inmuebles, los acusados dejaban de pagar las cuotas de los préstamos.

El escrito fiscal recoge doce compraventas de viviendas, con las que la trama habría obtenido 1,3 millones de euros, y siete créditos personales por otros 194.000 euros. Para la presunta cabecilla, el Ministerio Público pide diez años de prisión, una multa y quince años de inhabilitación profesional. También solicita penas de cárcel para los otros nueve acusados.

El Banco Santander, que ejerce la acusación particular, califica los hechos como presuntos delitos de estafa, falsedad y blanqueo de capitales, y reclama una indemnización de 526.000 euros.

Las acusaciones y las penas solicitadas deberán ser valoradas por el tribunal; los hechos no son firmes hasta que exista sentencia.