El Tribunal Supremo confirma la condena al exsubdirector del Servicio Cántabro de Salud

 El Tribunal Supremo confirma la condena al exsubdirector del Servicio Cántabro de Salud

El Tribunal Supremo confirma la condena al exsubdirector del Servicio Cántabro de Salud por prevaricación en contratos públicos

La resolución avala que se fraccionaron adjudicaciones para eludir controles legales y garantizar contratos directos

Santander / Madrid, 5 de mayo.– El Tribunal Supremo ha confirmado la condena al exsubdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud, Francisco Javier González Gómez, por un delito continuado de prevaricación administrativa vinculado a la gestión irregular de contratos públicos.

La sentencia concluye que, entre los años 2015 y 2017, se utilizó de forma indebida la figura del contrato menor para fragmentar adjudicaciones y evitar así los procedimientos ordinarios de contratación, vulnerando los principios de publicidad, concurrencia y transparencia exigidos por la legislación.

Según el fallo, las actuaciones permitieron realizar adjudicaciones directas previamente determinadas, mediante la división artificial de servicios, obras y suministros que debían haberse tramitado como contratos de mayor cuantía. Esta práctica, señala el alto tribunal, respondía a una estrategia deliberada para sortear los mecanismos de control administrativo.

El Tribunal Supremo respalda así las resoluciones dictadas en instancias anteriores, en las que ya se había acreditado que los contratos analizados respondían a necesidades comunes y continuadas, y no a actuaciones independientes que justificasen su tramitación como contratos menores.

La resolución incide en que el uso de este tipo de contratos debe ser excepcional, advirtiendo de que su utilización fraudulenta para limitar la competencia o evitar la fiscalización pública constituye una vulneración grave del ordenamiento jurídico.

Con este pronunciamiento, el alto tribunal refuerza la doctrina sobre la contratación pública y subraya la responsabilidad penal derivada de la gestión irregular de fondos públicos.

El Cantabro

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