La jueza amplía la causa de El Bocal: investiga la posible negligencia hasta 2023 por el colapso mortal

El procedimiento apunta a fallos prolongados de mantenimiento y suma un nuevo investigado por seis homicidios imprudentes y un delito de lesiones

Santander, 21 de abril de 2026.– La titular del Juzgado de Instrucción nº 1 del Tribunal de Instancia de Santander ha decidido ampliar la acción penal en la investigación del accidente de El Bocal, en Santander, en el que fallecieron seis personas y una resultó herida grave tras el colapso de una pasarela en la senda costera.

La magistrada extiende la investigación al que fuera jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas de Cantabria hasta mayo de 2023, al considerar que mantenía una “posición de garante” sobre la seguridad estructural de la infraestructura y la obligación de velar por su inspección y mantenimiento.

Según el auto, la ausencia de controles e inspecciones adecuados pudo impedir detectar el deterioro progresivo de la pasarela, generando un riesgo que terminó materializándose en el colapso. Esta conducta omisiva podría constituir una “negligencia grave”.

La instructora aprecia indicios de la posible comisión de seis delitos de homicidio por imprudencia grave —por los fallecimientos— y un delito de lesiones por imprudencia grave en relación con la única superviviente, que será examinada por un médico forense para evaluar el alcance de sus lesiones.

El nuevo investigado se suma al actual jefe de Servicio de Proyectos y Obras y al jefe de la Demarcación de Costas, quien además fue director de obra del proyecto de construcción de la senda costera en 2014.

El informe pericial apunta a que la pasarela permaneció abierta al uso público sin inspecciones ni mantenimiento adecuados desde su construcción. Además, señala el uso de materiales inadecuados para un entorno costero, lo que habría acelerado su deterioro estructural.

La resolución subraya que las escasas actuaciones realizadas fueron “tardías y parciales”, centradas en elementos no críticos, lo que impidió detectar fallos esenciales en la estructura.

La jueza ha fijado el 15 de mayo como fecha clave en la instrucción. Ese día declararán los tres técnicos investigados y se practicará toda la prueba pericial, tanto la judicial como la aportada por las partes.

Asimismo, ha autorizado el acceso al lugar del accidente a los peritos para realizar inspecciones oculares y toma de muestras, estableciendo que los informes deberán entregarse con al menos tres días de antelación.

Por otro lado, la magistrada ha rechazado la petición del Ayuntamiento de Santander para que el ingeniero que firmó el proyecto de las pasarelas declare como investigado. Mantiene su condición de testigo-perito al considerar que su intervención se limitó a un subproyecto integrado en el plan general, cuya responsabilidad recaía en el director de obra.

En paralelo, la instructora ha requerido a la Policía Local que aporte un listado detallado de las actuaciones registradas en su base de datos tras las llamadas recibidas el día previo al accidente, cuando un vecino alertó del estado de la pasarela.

En concreto, se solicita desglosar en cuántos casos se movilizaron patrullas de Policía Local, agentes de Movilidad Urbana o no se activó ningún recurso.

La investigación continúa así avanzando hacia la depuración de responsabilidades en un caso que ha generado una profunda conmoción social y que podría tener importantes consecuencias judiciales.