El Gobierno de Cantabria pone en marcha una línea abierta para facilitar la aplicación de la Ley de Simplificación Administrativa

El nuevo canal, disponible en el Portal Institucional, permitirá resolver dudas y recoger propuestas de ayuntamientos, entidades y ciudadanía sobre la implantación de la norma

Santander, 18 de mayo de 2025.- La Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria ha habilitado una línea abierta de comunicación a través del Portal Institucional (www.cantabria.es) con el fin de facilitar la correcta aplicación de la Ley de Simplificación Administrativa recientemente aprobada.

Este nuevo canal está dirigido tanto a ayuntamientos y entidades públicas como a ciudadanos, permitiéndoles plantear directamente sus dudas, sugerencias o propuestas de mejora relativas a la implementación de una normativa que modifica en profundidad el funcionamiento cotidiano de la administración pública en Cantabria.

La Ley establece un deber general de simplificación administrativa, lo que implica menos trámites, plazos de resolución más breves, eliminación de requerimientos documentales innecesarios y la generalización del silencio positivo en la tramitación de procedimientos, favoreciendo una gestión más ágil, accesible y eficiente.

Atención directa sin sustituir los canales habituales

El objetivo de esta línea abierta es resolver cuestiones prácticas de forma directa y fomentar una aplicación efectiva y homogénea de la norma en toda la comunidad autónoma. La iniciativa se enmarca en la apuesta del Gobierno regional por avanzar hacia una administración más cercana, comprensible y centrada en el servicio al ciudadano.

Este nuevo canal de interacción se suma, sin sustituir, a los servicios habituales de atención presencial y electrónica que prestan los empleados públicos de la Administración autonómica.

Con esta herramienta, el Ejecutivo cántabro reafirma su compromiso con la modernización administrativa, el refuerzo de la colaboración interinstitucional y la participación activa de la ciudadanía en la mejora de los servicios públicos.