La jueza amplía la investigación penal contra el jefe de Costas por la tragedia de El Bocal al detectar ausencia de un plan de mantenimiento

La magistrada aprecia indicios de que la senda costera carecía de protocolos de inspección y conservación pese al deterioro estructural de la pasarela colapsada

21.05.2026.- La titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha ampliado la acción penal contra el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria en la investigación del accidente de El Bocal, donde fallecieron seis personas y otra resultó herida grave tras ceder una pasarela de la senda costera.

Hasta ahora, el investigado lo era únicamente en calidad de director facultativo de las obras de construcción de la infraestructura, ejecutadas entre 2014 y 2015. Sin embargo, la magistrada considera ahora que también debe responder como máximo responsable de la administración titular de la senda por la posible ausencia de un plan de inspección, conservación y mantenimiento.

La decisión se produce después de las comparecencias de los distintos peritos que participaron el pasado viernes en la causa y que coincidieron en señalar que una infraestructura pública de estas características debía disponer necesariamente de protocolos periódicos de revisión y mantenimiento.

Según recoge el auto judicial, los expertos apuntaron que la pasarela estaba sometida de forma continuada a agentes ambientales agresivos debido a su ubicación litoral, lo que hacía imprescindible la existencia de controles preventivos y correctivos.

La magistrada destaca además que los peritos hicieron referencia a modelos de gestión similares empleados en otras infraestructuras públicas. Entre ellos, el sistema de inspección de puentes de la Red General de Carreteras, con revisiones periódicas cada quince meses y controles más exhaustivos cada cinco años, así como el modelo gallego para puentes peatonales y ciclistas de madera.

El auto señala que, tras finalizar las obras de la senda peatonal y abrirse al público en 2015, no consta que la administración implantara mecanismos de control, inspección o mantenimiento sobre la infraestructura siniestrada.

Para la instructora, esta posible ausencia de supervisión “pudiera guardar relación causal con el deterioro estructural posteriormente producido”, una cuestión que deberá esclarecerse durante la fase de instrucción.

La resolución considera que existen indicios suficientes para ampliar la investigación penal contra el responsable de Costas no solo por su intervención en la ejecución de la obra, sino también por las competencias derivadas de su cargo al frente de la Demarcación de Costas de Cantabria.

El auto no es firme y puede ser recurrido mediante recurso de reforma o apelación.