La Ley de Simplificación Administrativa de Cantabria busca agilizar trámites y fomentar la actividad económica

El Gobierno cántabro introduce la figura de la «declaración responsable», pero sindicatos advierten de posibles riesgos

Santander, abril de 2025.–
La Ley 2/2025 de Simplificación Administrativa, promovida por el Gobierno de Cantabria, tiene como objetivo principal agilizar y modernizar los procedimientos administrativos, facilitando la relación entre la ciudadanía y la administración pública.

Entre las principales novedades que introduce esta norma se encuentra la figura de la declaración responsable, mediante la cual los ciudadanos y empresas pueden iniciar ciertos trámites y actividades con una simple manifestación de cumplimiento de requisitos, sin necesidad de esperar una verificación previa por parte de la administración.

Este mecanismo permite una notable reducción en los tiempos de espera, lo que se traduce en una mayor agilidad administrativa. Además, la ley pretende disminuir la carga burocrática, eliminando controles previos y documentación adicional, lo que contribuye a hacer más accesibles los servicios públicos. Desde el Ejecutivo autonómico se destaca también el potencial de esta norma para impulsar la actividad económica, al facilitar y acelerar la puesta en marcha de negocios y proyectos en la región.

Críticas sindicales y dudas sobre el control

Pese a sus beneficios, la ley ha suscitado críticas por parte de organizaciones sindicales como CCOO y UGT, que alertan sobre los posibles riesgos derivados de un uso excesivo o mal regulado de la declaración responsable. Advierten que, sin una supervisión efectiva, esta figura podría convertirse en un «coladero» para actividades sin garantías suficientes.

Asimismo, critican que parte de las funciones de control puedan ser delegadas en entidades certificadoras privadas, lo que, en su opinión, supondría una privatización encubierta de funciones públicas y una pérdida de participación ciudadana en procesos relevantes.

Otra de las preocupaciones expresadas por estos colectivos es la ausencia de una memoria económica que detalle los recursos necesarios para la correcta aplicación de la norma, lo que genera dudas sobre su viabilidad y eficacia a medio plazo.

En definitiva, la Ley 2/2025 representa un paso importante en la modernización de la administración cántabra. No obstante, diversos sectores reclaman que su implantación venga acompañada de garantías suficientes de legalidad, control y transparencia, con el fin de asegurar una administración pública más eficiente, pero también más segura y participativa.